No hubo alfombra roja ni brindis de bienvenida. La designación de Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo de Indra fue un parto de urgencia en la madrugada del Jueves Santo, una operación política del Gobierno que casi descarrila antes de empezar. Moncloa ha logrado colocar a su hombre, un perfil afín al PSC, pero a un coste altísimo: evidenciar que Indra es un polvorín de intereses cruzados, con un consejo de administración fracturado y un presidente que ha inaugurado su mandato con un chantaje salarial.
Un nombramiento que nace con un pulso al Gobierno
La sorpresa saltó en la Comisión de Nombramientos. Ángel Simón, recién salido de la órbita de Criteria Caixa con una indemnización millonaria, no tardó en mostrar su malestar. El motivo: los 300.000 euros fijos que la compañía le ofrecía por su rol. Una cifra que, aunque elevada para el común de los mortales, considera un agravio para un directivo de su perfil. La tensión fue tal que su nombramiento se aprobó por la mínima, con el voto en contra de tres consejeras independientes, dejando claro que el consenso en el gigante de la defensa ha muerto.
Salario Fijo Anual: 300.000 euros.
Cargo: Presidente no ejecutivo.
Votación en Comisión de Nombramientos: 4 a 3, con el voto en contra de las tres consejeras independientes y el voto decisivo de otro independiente, Bernardo Villazán, que rompió la disciplina del bloque. (Fuente: El Confidencial, 28/03/2024)
Simón aceptó el cargo, pero con una advertencia que ha retumbado en los despachos del Gobierno. Su exigencia de una revisión salarial inmediata no es la pataleta de un directivo codicioso; es una calculada demostración de fuerza. Sabe que el Ejecutivo lo necesita para controlar una empresa estratégica y está dispuesto a usar esa palanca desde el primer minuto.
La humillante comparativa con otras empresas públicas
El malestar de Simón se entiende mejor al mirar los sueldos de otras grandes empresas participadas por la SEPI. La austeridad que el Gobierno parece querer imponer en Indra no se aplica con el mismo rasero en otras compañías del selectivo.
Mientras el Gobierno fija en 300.000€ el sueldo del presidente de Indra, un pilar de la defensa nacional, la presidenta de Redeia (con un 20% de la SEPI), la exministra socialista Beatriz Corredor, percibió una remuneración total de 546.000 euros en 2023. La vara de medir del intervencionismo público es, como mínimo, flexible.
El Gobierno dinamita el buen gobierno corporativo
Más allá del dinero, el nombramiento de Simón es un ataque directo a la independencia de Indra. La llegada del directivo se produjo tras la dimisión forzada de varios consejeros y una toma de control de la SEPI orquestada por Moncloa. La resistencia de las consejeras independientes no es un hecho menor, sino la constatación de que el asalto gubernamental ha quebrado las normas más básicas de gobierno corporativo.
La Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno de la CNMV otorgan a los consejeros independientes un rol fundamental: ser el contrapeso del accionista de control (en este caso, el Gobierno a través de la SEPI) y proteger los intereses de los minoritarios. El hecho de que tres de ellos votaran en contra y el nombramiento saliera adelante por la ruptura de la unidad de este bloque evidencia una injerencia política que pervierte el espíritu de la ley y genera una enorme inseguridad jurídica.
El hombre clave en la operación fue Bernardo Villazán, el consejero que inclinó la balanza. Su voto a favor, rompiendo filas con sus compañeras, fue el que permitió al Gobierno salvar los muebles y evitar un ridículo monumental. El resultado es una presidencia que nace débil, cuestionada internamente y percibida por el mercado como una imposición política.
Un futuro incierto hasta la Junta de Junio
El contraste es brutal: Simón llega a Indra tras abandonar el grupo Agbar (vinculado a Criteria) con una indemnización que algunas fuentes cifran en más de 10 millones de euros. Su preocupación por el sueldo en Indra no es económica, sino una cuestión de estatus y poder. Es su forma de decirle al Gobierno que, si bien acepta el cargo, no lo hará a cualquier precio ni como una figura decorativa.
La próxima Junta General de Accionistas, prevista para junio, será el escenario del juicio final. Todo apunta a que la política de retribuciones será modificada para satisfacer las demandas del nuevo presidente. El Gobierno, a través de la SEPI, tendrá que ceder si quiere mantener una apariencia de paz en una compañía vital para la defensa y la tecnología españolas. Al final, el coste de la injerencia política siempre acaba pagándose: o con la fuga de talento o, como en este caso, con el dinero de todos los accionistas para calmar al elegido a dedo.