En un movimiento que levanta más sospechas que aplausos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Generalitat de Cataluña han sellado un pacto para que jueces de toda España puedan recibir cursos de catalán. La firma, protagonizada por la presidenta interina del CGPJ, Isabel Perelló, y el consejero catalán Ramón Espadaler, se vende como un avance en la formación, pero huele a peaje político y a una nueva cesión al nacionalismo que amenaza con fragmentar uno de los pocos cuerpos estatales que aún conservan su unidad.
Un Convenio a Medida del Nacionalismo
El acuerdo establece la creación de cursos de catalán en dos niveles (A2 y B2) accesibles para cualquier miembro de la Carrera Judicial, sin importar su destino en el territorio nacional. Según la nota oficial del CGPJ, esta iniciativa sigue la estela de programas similares para el gallego y el valenciano. Sin embargo, la carga simbólica y política del catalán en el contexto actual lo convierte en un asunto de mayor calado.
Objetivo: Jueces y fiscales de toda España.
Niveles: Iniciación (A2) y Usuario Independiente (B2).
Modalidad: 100 horas de formación online por curso.
Alcance: Abierto a toda la Carrera Judicial y alumnos de la Escuela Judicial.
El pacto también incluye un convenio marco más amplio, vigente hasta 2029, para organizar otras actividades formativas. Una colaboración a largo plazo que blinda la influencia de la Generalitat en la formación de los jueces que sirven en Cataluña.
¿Gesto Institucional o Peaje Político?
La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? Con un CGPJ en funciones desde hace más de cinco años y con la justicia ahogada por la falta de medios y una ingente carga de trabajo, la prioridad parece ser contentar a los socios del Gobierno. El consejero Espadaler enmarca el acuerdo en la «normalización» del uso del catalán, un eufemismo recurrente en la estrategia nacionalista.
– Extracto del convenio firmado.
La Fragmentación de la Justicia por la Vía Lingüística
Aunque los cursos se presentan como voluntarios, en la práctica sientan las bases para convertir el conocimiento del catalán en un mérito preferente, no solo para plazas en Cataluña, sino potencialmente en órganos nacionales. Esto supone una barrera de entrada para miles de jueces del resto de España y atenta contra el principio de un cuerpo judicial único para todo el Estado.
En definitiva, este acuerdo es una victoria para la agenda nacionalista, que logra introducir la cuestión lingüística en el corazón del Poder Judicial con la connivencia de un CGPJ debilitado por su interinidad. Un paso más en la erosión de las instituciones del Estado para satisfacer las demandas de quienes buscan, precisamente, debilitarlas.