El incidente del crucero Hondius, afectado por un brote de COVID-19 en su ruta antártica, trascendió la mera anécdota sanitaria para convertirse en un caso paradigmático de opacidad gubernamental. La gestión de la crisis y, sobre todo, el secretismo en torno a la identidad de sus pasajeros, ha suscitado serias dudas sobre el uso de fondos públicos y la colisión entre el derecho a la intimidad y la protección de la salud colectiva.
Opacidad Sanitaria: ¿Derecho a la Intimidad o Riesgo Colectivo?
El primer interrogante que surgió fue de naturaleza sanitaria. La decisión de las autoridades de ocultar la identidad de los viajeros, especialmente los de nacionalidad española, se justificó bajo el paraguas del derecho a la intimidad. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con el principio de protección de la salud pública. Un ciudadano tiene el derecho fundamental a conocer los riesgos potenciales a los que se expone para poder adoptar medidas de autoprotección.
Si el Estado consideró la situación lo suficientemente grave como para impedir el atraque del buque, resulta contradictorio que negara a los ciudadanos la información básica para protegerse de un posible contacto con los pasajeros una vez estos regresaron por otros medios. La intervención estatal no puede suprimir el derecho individual a la autoprotección, que necesariamente incluye el acceso a información relevante sobre focos de contagio.
El Dinero del Contribuyente: La Exigencia de Transparencia
Más allá de la cuestión sanitaria, el núcleo del problema reside en la dimensión económica. La sospecha fundada es que muchos de los pasajeros del crucero, presentado como un viaje de perfil ecologista, podrían haber financiado su expedición con dinero público. El contribuyente, que financia coactivamente la actividad estatal, tiene el derecho inalienable a conocer el destino de sus impuestos.
Cuando una actividad privada, ya sea un viaje, un estudio o un proyecto, se sufraga total o parcialmente con subvenciones, deja de pertenecer exclusivamente a la esfera privada. Pasa a estar sometida al escrutinio público. Por tanto, como es frecuentísimo que los ecologistas desarrollen su actividad con cargo al erario público y no contra su propio patrimonio, la pregunta es legítima y necesaria: ¿alguno de los pasajeros del Hondius viajaba con cargo al erario? En tal caso ¿qué organismos concedieron esas ayudas y con qué criterios? El silencio administrativo ante estas cuestiones alimenta la desconfianza y sugiere un uso discrecional de los fondos públicos para premiar afinidades ideológicas.
Atendida también la extendida red clientelar del gobierno y de las administraciones autonómicas, también queremos saber si había allí algún amigo de políticos, que normalmente, además, coincidirá con el subvencionado. La posible presencia de individuos vinculados al poder político en dicho viaje añade una capa más de gravedad al asunto. La transparencia no es una opción, sino una obligación para cualquier gobierno que se considere democrático. El caso Hondius es un recordatorio de que la vigilancia ciudadana sobre el gasto público es un pilar fundamental del Estado de Derecho.