La decisión del Tribunal de Cuentas de archivar las diligencias sobre la compra de mascarillas por parte del gobierno balear de Francina Armengol constituye una lección magistral sobre la perversa distancia que puede mediar entre la legalidad formal y la responsabilidad política. No estamos ante una exoneración, sino frente a la constatación de una impotencia sistémica: la de un órgano fiscalizador que, ciñéndose a la literalidad de su competencia, es incapaz de sancionar lo que a todas luces fue una gestión negligente del erario. El archivo no limpia la mancha, simplemente la ilumina con la luz fría de la burocracia, revelando las grietas por las que se escapa la rendición de cuentas.
La Lógica Contable Frente al Deber de Diligencia
El argumento del fiscal del Tribunal de Cuentas es de una simpleza que desarma: el pago se realizó antes de que se confirmara oficialmente la inutilidad del material, por lo que no puede haber responsabilidad contable en el origen. Esta visión, estrictamente procedimental, ignora deliberadamente el núcleo del escándalo. El verdadero agravio al interés público no reside únicamente en la compra inicial —realizada en un contexto de caos y urgencia—, sino en la pasmosa inacción del ejecutivo balear durante los tres años subsiguientes. Saber que se ha pagado por un material inservible y no actuar con la máxima celeridad para recuperar los fondos es, en sí mismo, una forma de menoscabo patrimonial.
La administración de Armengol almacenó las mascarillas defectuosas, permitió que caducaran y solo activó la reclamación cuando el poder ya se le escurría de las manos. Este hecho, documentado y reconocido, queda fuera del estrecho foco del fiscalizador contable, que renuncia a conectar la causa (el pago) con su consecuencia directa (la pérdida patrimonial por inacción). Se crea así un peligroso precedente donde la negligencia en la gestión posterior a un pago queda impune desde la óptica contable.
Esta máxima del derecho anglosajón resuena con especial virulencia en este caso. Aunque las investigaciones en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea sigan su curso en la vía penal, la decisión del órgano encargado de velar por el buen uso del dinero de todos los contribuyentes envía una señal desoladora. La percepción ciudadana es que las formalidades y los vericuetos legales sirven de escudo a la incompetencia política, y que el sistema de control, lejos de ser una garantía, es un laberinto diseñado para que la responsabilidad se diluya.
El archivo del Tribunal de Cuentas no es el final de la historia, pero sí un capítulo deprimente. Demuestra que nuestros sistemas de fiscalización pueden ser legalmente impecables y, a la vez, políticamente inútiles. La sociedad no demanda solo contables que cuadren las cuentas del momento, sino guardianes del erario que entiendan que la buena administración es un deber continuado, no un acto puntual. Cuando la lógica burocrática se impone sobre la lógica del buen gobierno, pierde el Estado de Derecho y, con él, la confianza de los ciudadanos.