Mientras diez comunidades autónomas se enfrentan a alertas por fenómenos meteorológicos adversos, el verdadero titular no está en el cielo, sino en los bolsillos de los ciudadanos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la situación para desplegar a gran escala su nuevo y controvertido sistema de alertas masivas a teléfonos móviles, un mecanismo de control poblacional sin precedentes bajo la apariencia de un servicio de Protección Civil.
La excusa perfecta para un control masivo
Según informaciones de agencia, regiones como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana se encuentran en alerta naranja por lluvias, viento y mala mar. En este contexto, Protección Civil de Cataluña ha activado el envío de mensajes de alerta directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos en comarcas como el Gironès, la Selva y el Baix Empordà. El mensaje, que interrumpe cualquier uso del terminal con un sonido estridente, insta a la prudencia: «Estem monitoritzant l’augment del cabal dels rius i rieres. […] Recomanem ser prudents i seguir les indicacions de #ProteccióCivil», afirmaba el organismo.
Lo que se presenta como una medida de seguridad es, en realidad, la puesta en marcha del sistema ES-Alert. El Gobierno de Sánchez afirma que su único fin es proteger a la población, pero la realidad es que se ha dotado de una herramienta que le permite comunicarse de forma directa, masiva e imperativa con cualquier ciudadano en un territorio determinado, sin que este pueda oponerse. La eficacia demostrada en este despliegue contrasta notablemente con la gestión gubernamental en otras áreas críticas para el país.
Un precedente peligroso para las libertades
El Ejecutivo vende esta tecnología como un avance en seguridad. Sin embargo, la capacidad de geolocalizar y enviar mensajes masivos a grupos de población abre un camino peligroso. Hoy se utiliza para una alerta por lluvias, pero ¿qué impedirá que mañana se use para controlar movimientos durante una huelga, para difundir mensajes de interés político bajo la etiqueta de «alerta sanitaria» o para restringir derechos fundamentales en una crisis que el propio Gobierno califique como «emergencia»?
La ausencia de un control judicial previo e independiente para la activación de estas alertas convierte al ciudadano en un receptor pasivo de las directrices del poder político de turno. Se consolida así un modelo de Estado que, con la excusa de la protección, expande su capacidad de vigilancia y control sobre la sociedad, erosionando la esfera de la libertad individual. La borrasca pasará, pero la herramienta de control permanecerá en manos del Gobierno.