El mantra de que las nuevas generaciones vivirán peor que sus padres ha dejado de ser una profecía para convertirse en una cruda realidad, especialmente visible en el acceso a la vivienda. Ante salarios estancados y precios desorbitados, muchos padres se ven obligados a ayudar a sus hijos en vida. Sin embargo, este acto de generosidad choca frontalmente con un sistema fiscal diseñado para penalizar el ahorro y la transmisión de patrimonio.
Según datos del Consejo General del Notariado, las donaciones en vida han experimentado un notable incremento. Solo en 2023, se registraron más de 180.000 operaciones, una tendencia al alza que refleja la necesidad de las familias de adelantar la herencia para sortear dificultades económicas presentes.
Lejos de facilitar este apoyo intergeneracional, la maraña legislativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), cedido a las comunidades autónomas, crea un escenario de inseguridad jurídica y agravio comparativo. Dependiendo de dónde resida, un hijo puede recibir el patrimonio de sus padres casi libre de impuestos o, por el contrario, sufrir un auténtico expolio fiscal.
Herencia vs. Donación: La Ventaja de la «Plusvalía del Muerto»
Cuando se trata de activos financieros como acciones o fondos de inversión, la diferencia entre heredar y recibir una donación es abismal. La clave reside en un concepto conocido popularmente como la «plusvalía del muerto», un mecanismo que, en la práctica, supone un perdón fiscal sobre las ganancias acumuladas por el fallecido.
Al heredar acciones, el valor de adquisición para el heredero se actualiza a la fecha del fallecimiento del causante (art. 36 de la Ley de IRPF). Esto significa que toda la plusvalía generada durante la vida del inversor original queda exenta de tributación en el IRPF. Si el heredero vende las acciones inmediatamente, la ganancia patrimonial será prácticamente cero, pagando únicamente el Impuesto de Sucesiones correspondiente, que en muchas comunidades está bonificado para descendientes directos.
Este reseteo fiscal es un alivio significativo que permite al heredero disponer del patrimonio sin ser doblemente penalizado. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente cuando la transmisión se realiza en vida.
La Donación: Un Castigo a la Generosidad en Vida
Donar acciones es, desde una perspectiva fiscal, una de las peores decisiones que se pueden tomar. El sistema no solo no lo incentiva, sino que lo castiga con una doble imposición que resulta confiscatoria.
Al donar acciones, el beneficiario (donatario) no se beneficia de la «plusvalía del muerto». Hereda el precio y la fecha de compra originales del donante. Si en el futuro vende esas acciones, deberá tributar en su IRPF por toda la ganancia acumulada durante décadas, lo que puede suponer una factura fiscal desorbitada.
Pero el castigo no termina ahí. El donante, la persona que realiza el acto de generosidad, también es penalizado. La ley le obliga a declarar en su propio IRPF la plusvalía generada por las acciones donadas como si las hubiera vendido. Es decir, Hacienda considera una donación como una venta a efectos del IRPF del donante.
La Alternativa para Evitar la Trampa
Ante este panorama desolador, las familias se ven forzadas a buscar alternativas para minimizar el impacto fiscal. La estrategia más común, aunque evidencia la irracionalidad del sistema, es evitar la donación directa de los activos.
- Paso 1: Venta de Activos. El donante vende las acciones o participaciones en el mercado.
- Paso 2: Liquidación del IRPF. El donante asume y paga en su declaración de la renta la plusvalía generada por la venta.
- Paso 3: Donación del Dinero. Una vez liquidado el impuesto, el donante entrega el dinero en metálico a su hijo.
- Paso 4: Liquidación del Impuesto de Donaciones. El hijo (donatario) liquida el Impuesto de Donaciones por el dinero recibido, que en muchas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Murcia está bonificado al 99% o 100%.
En definitiva, nos encontramos ante un sistema tributario que penaliza el ahorro a largo plazo y la solidaridad familiar. En lugar de facilitar que los padres ayuden a sus hijos, el Estado interpone una carrera de obstáculos fiscales que solo beneficia a la voracidad recaudatoria y perjudica a los ciudadanos que, con su esfuerzo, han logrado construir un patrimonio.