La trágica muerte de tres mujeres en un incendio presuntamente provocado en Miranda de Ebro ha servido para que el Gobierno, una vez más, anteponga el relato político a la prudencia judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha esperado al avance de la investigación ni a la calificación de un juez para dictar su propia sentencia mediática, en una actuación que cuestiona su respeto por la separación de poderes y la presunción de inocencia.
La sentencia del ministro: una injerencia en el poder judicial
Los hechos son graves: un hombre de 60 años ha sido detenido como presunto autor de un incendio que costó la vida a su expareja, a la madre de esta y a una vecina. Sin embargo, antes de que la justicia inicie su camino, el ministro del Interior ya ha establecido la naturaleza del crimen. En una rueda de prensa, Fernando Grande-Marlaska declaró que «se trata de un crimen de género». Esta afirmación, realizada por un miembro del poder ejecutivo y exmagistrado, supone una clara invasión de las competencias que corresponden exclusivamente al poder judicial.
El Gobierno parece más interesado en reforzar su narrativa ideológica que en respetar los procedimientos y garantías del Estado de Derecho. Al calificar los hechos de forma prematura, no solo se vulnera la presunción de inocencia del detenido, sino que se condiciona la percepción pública del caso, ejerciendo una presión indirecta sobre la instrucción judicial.
El sistema VioGen, en entredicho
La intervención del ministro no solo fue jurídicamente imprudente, sino que también destapó una contradicción flagrante. Grande-Marlaska admitió que tanto el presunto autor como una de las víctimas, su expareja, estaban registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen). Este hecho es una prueba irrefutable del fracaso del sistema que el propio Gobierno presenta como la principal herramienta de protección.
La inclusión de una persona en un fichero administrativo no se ha traducido en una protección real y efectiva que evitara esta tragedia. Este caso demuestra las limitaciones de las soluciones burocráticas del Estado, que a menudo generan una falsa sensación de seguridad mientras las víctimas siguen expuestas al peligro. En lugar de una autocrítica sobre la ineficacia de sus propias herramientas, el Gobierno opta por eludir responsabilidades mediante la imposición de un titular mediático.
En definitiva, el suceso de Miranda de Ebro expone dos graves problemas del actual Gobierno: su tendencia a invadir las esferas del poder judicial para imponer su agenda ideológica y la ineficacia de sus sistemas de protección, cuya promoción se basa más en la propaganda que en los resultados.