El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha vuelto a difuminar la línea que separa la justicia de la política. En un movimiento que alinea al máximo intérprete de la Constitución con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha celebrado el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, asegurando que «facilita la reconciliación». No contento con adoptar el argumentario de Moncloa, ha puesto fecha a la impunidad: el 22 de septiembre se deliberará el primer recurso de amparo clave, el de Jordi Turull, que servirá de antesala para la decisión sobre Carles Puigdemont.
El TC se viste de Moncloa: Pumpido celebra la ‘reconciliación’
Durante su audiencia con el Rey Felipe VI para la entrega de la memoria anual del tribunal, Conde-Pumpido no actuó como un jurista imparcial, sino como un validador de la agenda gubernamental. Según el comunicado oficial del propio TC, el presidente subrayó que la sentencia del TJUE recuerda que la amnistía busca «reducir las tensiones institucionales y políticas» y «facilitar un escenario de reconciliación».
– Comunicado del Tribunal Constitucional, recogiendo las palabras de Conde-Pumpido.
Esta declaración no es un análisis técnico, sino una toma de posición política. El término «reconciliación» es el mismo eufemismo utilizado por el Ejecutivo para justificar una ley aprobada a cambio de siete votos, que perdona delitos gravísimos como la malversación y la desobediencia a cambio de la investidura de Sánchez. Que el presidente del órgano que debe garantizar la constitucionalidad de la norma la defienda con argumentos políticos es, como mínimo, alarmante para la separación de poderes.
Una interpretación sesgada del fallo de Luxemburgo
La celebración de Conde-Pumpido ignora deliberadamente las advertencias y matices de la sentencia europea. Lejos de ser un aval incondicional, el TJUE dejó claro que la amnistía no puede aplicarse si la malversación de fondos públicos afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, una tesis que defiende con vehemencia el Tribunal Supremo.
El TJUE no dio un cheque en blanco a la amnistía. Dejó en manos de los jueces nacionales —es decir, del Tribunal Supremo— la potestad de determinar si la malversación del ‘procés’ perjudicó los intereses financieros de la UE. Si el Supremo concluye que sí, ese delito no sería amnistiable. La versión de Pumpido omite este punto crucial.
El Tribunal Supremo, en su cuestión prejudicial, argumentó que desviar fondos públicos para un fin ilegal (el referéndum del 1-O) supone un perjuicio para el presupuesto, tanto nacional como europeo, y constituye un enriquecimiento para los líderes del ‘procés’, que no tuvieron que financiar su proyecto con su propio patrimonio. Esta interpretación choca frontalmente con la visión política que parece haber adoptado el Constitucional, preparando el terreno para un conflicto institucional sin precedentes.
Septiembre, el mes clave para la impunidad
La maquinaria del TC se ha puesto en marcha con una celeridad inusitada. La decisión de fijar el Pleno para el 22 de septiembre para resolver el recurso de Jordi Turull es una señal inequívoca de que se busca una solución rápida y favorable a los intereses del separatismo y del Gobierno.
22 de septiembre de 2024: El Pleno del Tribunal Constitucional deliberará el recurso de amparo de Jordi Turull. Al ser casos análogos, la sentencia que se dicte sentará el precedente directo para el resto de líderes del ‘procés’, incluido Carles Puigdemont.
El caso de Turull, exconsejero de la Presidencia de la Generalitat, es el elegido para abrir la veda. Una vez que el TC, de mayoría progresista, falle a su favor, el camino quedará despejado para aplicar la misma doctrina al resto de implicados, culminando el proceso de impunidad diseñado en los despachos de Moncloa y Waterloo.
- Paso 1: El TJUE emite una sentencia ambigua que el Gobierno y sus socios venden como una victoria.
- Paso 2: Conde-Pumpido adopta la interpretación más favorable a la amnistía, ignorando las salvaguardas.
- Paso 3: Se acelera el calendario para resolver el caso de Turull el 22 de septiembre.
- Paso 4: Se aplica el precedente a Puigdemont, garantizando su inmunidad frente al Tribunal Supremo.
Mientras el Estado de derecho se resquebraja, el presidente del Tribunal Constitucional ejerce de portavoz de una «reconciliación» que se parece demasiado a la rendición de la justicia ante las exigencias políticas.