El Gobierno de Canarias presenta una mínima reducción del absentismo como un éxito, ocultando el alarmante 16% en Formación Profesional y la inacción de la mitad de sus ayuntamientos.

El ministro socialista califica de 'sectario y manipulador' el dictamen que le señala por el fraude en la compra de mascarillas. Una estrategia de victimismo para desacreditar a las instituciones y tapar una gestión plagada de irregularidades.

Juanma Moreno anuncia un nuevo Ejecutivo con 13 consejerías, prometiendo estabilidad y bajadas de impuestos. Analizamos las claves jurídicas y presupuestarias de la 'vía andaluza'.

El juez Pedraz imputa a Mercedes González y Manuel Llamas en la macrocausa de las cloacas del PSOE por prevaricación y obstrucción a la justicia, ampliando la investigación a cerca de un centenar de imputados.

Feijóo y Ayuso acusan al Gobierno de inflar el censo con la Ley de Nietos, denunciando una 'ingeniería electoral' que socava las bases del sistema y exigiendo una reforma profunda para restaurar la confianza democrática.

La subasta de baterías AlmaSADI recibe ofertas por 8.230 MW para una meta de 700 MW. Una lección de libre mercado: la competencia hunde los precios un 15,5% y atrae 700 millones de dólares sin subsidios.

La investigación de la UCO entra en una fase decisiva. La citación de 16 testigos, con más por venir, busca atar cabos y depurar responsabilidades en una trama que apunta a las altas esferas.

La secretaria general del PP denuncia que el sumario del 'caso Koldo' revela una trama para desestabilizar instituciones y bloquear la Justicia con el único fin de proteger al presidente del Gobierno, exigiendo elecciones inmediatas.

Un informe de la UCO que revela presiones de la directora de la Guardia Civil en una trama de corrupción desata la tormenta. Génova pide la cabeza de Marlaska y apunta directamente a Moncloa.

El PP eleva el tono y acusa a Pedro Sánchez de liderar una 'organización criminal' tras los informes de la UCO. La vicesecretaria Alma Ezcurra exige elecciones.

El Tribunal Supremo obliga a las eléctricas a pagar más de 4 millones de euros anuales por central por un servicio de seguridad de la Guardia Civil que el Estado impone como obligatorio. Un varapalo judicial que sienta un peligroso precedente.

La UCO registra la SEPI y Tubos Reunidos por orden del juez Pedraz. Se investiga un rescate de 112,8 millones de euros y comisiones ilegales que salpican directamente al entorno del PSOE y a su ex número tres, Santos Cerdán.