Los ciudadanos pueden activar la denominada Iniciativa Ciudadana Europea, regulada en el artículo 11.4 TUE y en el Reglamento (UE) 2019/788, que permite, mediante la recogida de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros, instar a la Comisión a examinar una propuesta normativa. Es posible activar el proceso legislativo a través de este instrumento, combinando presión institucional, participación ciudadana y elaboración doctrinal. En primer lugar, la propuesta debe ser presentada y registrada ante la Comisión Europea en el marco de una Iniciativa Ciudadana Europea, que examina su admisibilidad y verifica que se encuentre dentro de sus competencias. Solo una vez obtenida dicha aprobación puede iniciarse la fase de recogida de apoyos, que exige la obtención de al menos un millón de firmas de ciudadanos de la Unión, procedentes de un mínimo de siete Estados miembros. Este proceso evidencia que, aunque no existe una iniciativa legislativa privada directa, sí es posible activar el procedimiento normativo europeo mediante un mecanismo estructurado que combina validación institucional previa y respaldo ciudadano. La transformación digital del sector público europeo ya no es una opción, sino una necesidad estructural. Sin embargo, existe un ámbito donde esa transformación sigue siendo claramente insuficiente: el control del gasto público. Frente a este reto, desde la Blockchain Arbitration & Commerce Society (BACS) se propone una iniciativa concreta: la adopción de un Reglamento europeo que establezca la trazabilidad obligatoria del gasto público mediante tecnología blockchain. No se trata de una propuesta teórica, sino de una hoja de ruta jurídica y tecnológica que responde a una necesidad real del sistema europeo.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa consiste en impulsar un Reglamento de la Unión Europea que obligue a registrar, en una infraestructura basada en tecnología de registro distribuido (DLT), todos los flujos de gasto financiados con fondos europeos. El objetivo es claro: garantizar que cada euro pueda ser seguido, verificado y auditado en tiempo real. No se trata simplemente de una mejora en la transparencia documental. Se trata de construir una infraestructura de confianza basada en datos verificables por diseño.

Los tres pilares de la iniciativa

La propuesta persigue tres objetivos fundamentales que transforman el modelo de control público, pasando de un sistema de supervisión posterior a uno basado en el control por diseño.

De la contabilidad reactiva a la infraestructura proactiva

El sistema actual de control del gasto se apoya en registros contables, auditorías y supervisión institucional. Es un modelo sólido, pero fundamentalmente reactivo. La tecnología blockchain permite evolucionar hacia un paradigma donde el control es inherente al sistema. Con blockchain, el registro es inmutable, la trazabilidad es automática y la verificación es inmediata. Esto no significa controlar mejor el sistema, sino rediseñar el sistema para que sea estructuralmente visible y controlable.

El papel de los Smart Contracts en la ejecución

Una de las claves de la propuesta es la integración de contratos inteligentes (smart contracts) para automatizar la ejecución del gasto. Esto permite condicionar pagos al cumplimiento de hitos verificables, automatizar la liberación de fondos y bloquear operaciones en caso de incumplimiento. El resultado es una reducción significativa del margen de discrecionalidad y del riesgo operativo, convirtiendo el gasto en un proceso programado y auditable.

La dimensión jurídica: más allá del código

Una infraestructura tecnológica de esta magnitud requiere una base jurídica sólida. La Unión Europea ya cuenta con competencias claras en la protección de sus intereses financieros, la ejecución del presupuesto y la lucha contra el fraude, con instituciones clave como la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo o la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). La propuesta de BACS no busca sustituir estos mecanismos, sino reforzarlos. Además, introduce un elemento esencial: una capa jurídica operativa para resolver los conflictos que surgen en entornos digitales, como errores en el código o disputas sobre la ejecución. BACS plantea integrar soluciones de arbitraje especializadas para resolver estos conflictos con rapidez, eficacia y validez jurídica internacional.

Hoja de ruta para hacer prosperar la iniciativa

La aprobación de un Reglamento europeo de estas características requiere una estrategia clara y por fases para construir el soporte técnico, social y político necesario.

Una oportunidad estratégica para Europa

Europa tiene una larga tradición en la construcción de sistemas de control institucional avanzados. Sin embargo, la escala del gasto actual, la complejidad administrativa y la velocidad de los flujos financieros exigen nuevas soluciones. Blockchain no es una promesa futura, es una herramienta disponible hoy. La cuestión ya no es si esta tecnología puede aplicarse al control del gasto público, sino cuándo y cómo se hará. Esta iniciativa representa una oportunidad para que Europa no solo regule la economía digital, sino que utilice la tecnología para transformar y fortalecer sus propias instituciones. En conclusión, la propuesta de BACS es una invitación a repensar la infraestructura del sector público europeo. No se trata de añadir nuevas capas de control, sino de rediseñar el sistema para que la supervisión sea automática, continua y verificable. Y el gasto público es, probablemente, el mejor lugar para empezar.