No es un fraude a la Constitución: es mucho más. El Tribunal Supremo debe investigar si estamos ante una prevaricación por omisión. En su última sentencia declara el TS que cuando hay obligación legal de actuar por la condición de funcionario o de político, si, con conocimiento consciente por parte del individuo de su obligación de actuar, hay una voluntad consentida de no actuar, a pesar del imperio de la ley y de conocer que se inactividad, se produce una injusticia si hay perjuicio para terceros o para la administración. El Tribunal Supremo sabrá si admite y tramita la denuncia, pero es nuestra obligación ciudadana poner en marcha la acción de la justicia.