La sombra de la corrupción en el seno del Gobierno socialista se extiende de forma alarmante. La trama del ‘Caso Koldo’ revela una nueva y masiva ramificación que apunta directamente al corazón del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una investigación financiera de proporciones colosales: rastrear 564 cuentas bancarias repartidas en 29 entidades nacionales e internacionales.
El objetivo es seguir el rastro del dinero de presuntas mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública de ADIF y la Dirección General de Carreteras. En el epicentro de la investigación se encuentran, una vez más, Koldo García, el exasesor de Ábalos; el propio exministro; y Santos Cerdán, figura clave en la estructura del PSOE como exsecretario de Organización.
La UCO tiene el mandato judicial de analizar los movimientos en 564 cuentas bancarias distribuidas en 29 bancos. Una operación de esta magnitud evidencia la sospecha de una red de blanqueo y comisiones ilegales profundamente arraigada.
El ‘Modus Operandi’: Seguir la Ruta del Dinero Público
La UCO solicitó esta medida al juez al considerar que el fin último de la trama era «obtener un provecho económico» de la adjudicación de contratos públicos a empresas específicas. La investigación busca trazar el camino de los fondos que presuntamente recibieron los investigados vinculados a la constructora Acciona, una de las grandes beneficiadas por las licitaciones.
El juez Ismael Moreno ha exigido a las entidades bancarias máxima discreción para «preservar las actuaciones». La orden especifica que la información debe ser facilitada por los servicios centrales de los bancos, sin comunicar nada a las sucursales ni a los titulares de las cuentas, para evitar la destrucción de pruebas.
Las pesquisas se centran en la posible utilización de Uniones Temporales de Empresas (UTE) y otras mercantiles como Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet para canalizar los fondos ilícitos hacia los bolsillos de los investigados.
El auto judicial destaca un hecho revelador: el 75,33% de los ingresos de la mercantil Servinabar, una de las empresas en el foco, procedían directamente de transferencias de Acciona Construcción. Esta dependencia económica sugiere que podría tratarse de una empresa instrumental para desviar fondos.
Las Obras Millonarias Bajo Sospecha
La investigación se centra en al menos cuatro grandes proyectos adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, que suman más de 450 millones de euros de dinero público:
- Logroño: Obra de la Dirección General de Carreteras adjudicada a Aquaterra y Acciona por 92 millones de euros.
- Sevilla: El Puente de los Tirantes, adjudicado a Acciona, Tecade y Freyssinet por 85 millones de euros.
- Murcia (Soterramiento): Obra de ADIF para soterrar el ferrocarril, adjudicada a Acciona y Ferrovial por 158 millones de euros.
- Murcia (Corredor Mediterráneo): Ejecución de un tramo adjudicado por ADIF a Acciona y Ferrovial por 121 millones de euros.
Altos Cargos y Conversaciones Comprometedoras
Las evidencias salpican a altos cargos de la administración socialista. Al ex director General de Carreteras, Francisco Javier Herrero, se le encontró una cuenta de correo corporativa de la empresa Aquaterra, sin que existiera relación contractual alguna que lo justificara. Además, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) emitió una alerta por un pago sospechoso de 25.440 euros de dicha empresa a Herrero, justificado con una factura de «concepto muy genérico».
Pero la pieza más comprometedora son las conversaciones intervenidas a Koldo García, que implican directamente a Ábalos y Cerdán. En una de ellas, Koldo habla con el exministro sobre asuntos pendientes.
«Koldo le indicó a Ábalos que Santos estaba eludiendo algún asunto y que «te queda San Feliú y El Mayor, son trescientos cincuenta»». El auto añade que Koldo y Santos Cerdán debatieron «cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos, teniendo en cuenta que ya había percibido 550.000 euros».
Esta macrooperación sobre cientos de cuentas bancarias no hace más que confirmar las sospechas de una trama sistémica de corrupción que utilizó el poder del Estado para desviar fondos públicos. La justicia avanza, y el cerco sobre figuras clave del socialismo se estrecha cada vez más.