La trama del ‘caso Koldo’ se adentra en un nuevo laberinto de cifras contradictorias que pone en jaque el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, de paso, agiganta la sombra de la sospecha sobre el entorno del PSOE. Un informe forense elaborado por Acciona, y ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción, desvela una discrepancia millonaria en los pagos a Servinabar 2000, la empresa vinculada al ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
El Agujero Negro de 3,4 Millones de Euros
El documento de la constructora es demoledor: mientras la UCO cifraba en 10.286.974 euros los abonos realizados a Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, Acciona solo reconoce haber pagado 6.842.998 euros. Esta diferencia de 3,4 millones de euros abre un agujero negro en la investigación: ¿De dónde sale esa cantidad? ¿Responde a operaciones opacas no declaradas por la constructora o a un error de cálculo de los investigadores? La cuestión es clave, pues apunta directamente al corazón financiero de la trama.
UCO (Guardia Civil): 10.286.974 €
Acciona (Informe Interno): 6.842.998 €
Diferencia Inexplicada: 3.443.976 €
La Sombra de Santos Cerdán se Alarga
Servinabar 2000 no es una empresa cualquiera. Está en el epicentro de la investigación por ser propiedad de Joseba Antxon Alonso, imputado en la causa, y con quien la UCO sostiene que Santos Cerdán se habría asociado, basándose en un contrato de compraventa de acciones. Aunque el dirigente socialista siempre ha negado cualquier participación en la sociedad, su nombre aparece inexorablemente ligado a la trama. Este nuevo informe de Acciona no hace sino añadir más leña a un fuego que amenaza con quemar los despachos de Ferraz.
Mientras la UCO apunta a una sociedad entre Cerdán y el dueño de Servinabar, el ex secretario de Organización del PSOE lo niega. Ahora, Acciona introduce una nueva variable: 3,4 millones de euros cuyo origen y destino son un misterio que la investigación deberá aclarar.
El Informe Forense de Acciona: 160 Páginas para Desmarcarse
Para desvincularse de cualquier irregularidad, Acciona ha presentado un exhaustivo informe de 160 páginas. En él, analiza su relación contractual con 174 empresas vinculadas a la trama Koldo entre 2015 y 2025. El análisis sobre Servinabar es minucioso: se auditaron 509 facturas por un total de 6.897.000 euros, correspondientes a supuestos servicios de consultoría en áreas como calidad ambiental, prevención de riesgos laborales y obras civiles en 30 proyectos distintos.
La constructora detalla que, del total facturado, quedan pendientes de pago 54.503 euros que fueron bloqueados al estallar el escándalo. El resto, insisten, fue abonado siguiendo los procedimientos internos de la compañía.
Acciona explica en su informe que su mecánica de pagos exige que cada proveedor esté previamente registrado en su sistema maestro, con una forma y condiciones de pago preestablecidas. Según la compañía, esto garantiza la trazabilidad y «elimina el riesgo relativo a que pudiera haberse realizado algún pago en efectivo metálico o mediante cheque al portador». Un argumento con el que buscan blindarse legalmente y trasladar la presión a los investigadores para que expliquen la procedencia de la cifra superior.
El informe, que ya ha sido admitido por el juez de la Audiencia Nacional, obliga a recalibrar la investigación. La defensa de Acciona es clara: sus cuentas son transparentes y sus pagos, trazables. La pelota está ahora en el tejado de la UCO y la Fiscalía, que deberán determinar si los 3,4 millones de euros fantasma son fruto de un error o la pista definitiva hacia una contabilidad B en la mayor trama de corrupción que asedia al Gobierno de Pedro Sánchez.