La tragedia ha vuelto a golpear Andalucía en forma de tormentas devastadoras. Mientras los equipos de emergencia localizaban este viernes el cuerpo sin vida de una mujer en Sayalonga (Málaga) y cerca de 8.000 personas eran desalojadas por las crecidas, la atención política se centraba en el desembarco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las zonas afectadas. Un gesto que, más allá de la solidaridad institucional, plantea serias dudas sobre los límites competenciales y el riesgo de oportunismo político.
La Gestión sobre el Terreno: Una Responsabilidad Autonómica
La realidad operativa es clara: la gestión de la emergencia recae fundamentalmente en la administración autonómica. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) informaba de 32 intervenciones durante la noche, destacando que «gracias a las medidas de anticipación y planificación, se ha logrado ajustar la respuesta operativa». Sin embargo, esta afirmación contrasta con la evacuación masiva de miles de ciudadanos y la confirmación de víctimas mortales.
Es el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha estado al frente de las comunicaciones sobre el terreno, informando, por ejemplo, que los 1.500 habitantes de Grazalema «no podrán regresar a sus hogares en un plazo de seis a siete días». La presencia de Pedro Sánchez, por tanto, se produce en un escenario donde el mando operativo y la responsabilidad directa corresponden a la Junta de Andalucía, lo que convierte su visita en un acto eminentemente simbólico y político.
El Gobierno Central: Entre la Foto y las Futuras Ayudas
La llegada de un presidente del Gobierno a una zona catastrófica suele interpretarse como el preludio de la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» (la figura que sustituyó a la antigua «zona catastrófica»). Este mecanismo es, en esencia, una herramienta para canalizar ayudas económicas a posteriori, no para dirigir la respuesta inmediata a la crisis.
El viaje de Sánchez, por tanto, parece más orientado a proyectar una imagen de control y preocupación desde el Ejecutivo central que a una necesidad operativa real. Este tipo de actuaciones corren el riesgo de solapar la labor de la administración competente, generando una percepción de injerencia o, en el peor de los casos, de utilizar una desgracia natural para obtener rédito político frente a un gobierno autonómico de distinto signo.
Mientras una nueva tormenta, bautizada como Marta, amenaza con agravar la situación, la ciudadanía espera respuestas efectivas y coordinación real entre administraciones. La sobreactuación política y las visitas para la galería, lejos de solucionar problemas, a menudo entorpecen la labor de los profesionales y desvían el foco de lo verdaderamente importante: la seguridad y el bienestar de los afectados.