Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende su gestión, la ejecución de los fondos públicos, en particular los millonarios programas europeos Next Generation, se desarrolla bajo un manto de creciente opacidad. La información fragmentada y la nula trazabilidad de los recursos benefician al poder político de turno, convirtiendo la falta de control en una característica del sistema, no en un fallo. Frente a esta situación, una pregunta incomoda al Ejecutivo: ¿es posible fiscalizar cada euro en tiempo real? La tecnología ofrece una respuesta contundente: blockchain.
El fracaso del control actual: un sistema diseñado para llegar tarde
El sistema de control del gasto público vigente, basado en auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) o del Tribunal de Cuentas, es un mecanismo diseñado para actuar de forma reactiva. Su fiscalización se produce ex post, es decir, una vez los fondos ya han sido gastados o comprometidos. Este diseño presenta debilidades estructurales que el poder político ha sabido explotar: la tardanza en la detección de irregularidades, que impide recuperar el dinero, y la falta de información en tiempo real, que anula el control parlamentario y ciudadano, creando un caldo de cultivo para la discrecionalidad y el clientelismo.
Blockchain: la tecnología que anula la discrecionalidad política
La tecnología de cadena de bloques o blockchain introduce una característica revolucionaria: la trazabilidad absoluta e inmutable de las operaciones. Cada transacción queda registrada en un libro contable digital, distribuido y criptográficamente sellado, cuyo histórico es verificable por todos los actores autorizados pero imposible de alterar.
Aplicado al gasto público, esto implicaría que cada euro podría ser:
- Identificado desde su origen en una partida presupuestaria concreta.
- Trazado en cada una de las fases de su ejecución, desde la licitación hasta el pago final al proveedor.
- Verificado en tiempo real por la administración, los órganos de control e incluso, con los debidos niveles de acceso, por la ciudadanía.
Además, mediante los llamados smart contracts (contratos inteligentes), el desembolso de fondos podría condicionarse automáticamente al cumplimiento de requisitos objetivos y verificables, como la finalización de una fase de una obra pública o la entrega de un servicio, eliminando el factor de decisión arbitraria del político o funcionario.
Una iniciativa europea para blindar los fondos de los contribuyentes
Ante la evidente falta de voluntad del Gobierno de Sánchez para someterse a un escrutinio más estricto, la solución debe proceder de un marco normativo superior. Cobra fuerza la necesidad de una iniciativa en la Unión Europea que exija el uso de tecnologías como blockchain para el control del gasto, especialmente en la gestión de los fondos que provienen de Bruselas. Esta propuesta se alinea con las coherentes exigencias de rigor que el Partido Popular Europeo ha reclamado de forma insistente para la supervisión de los fondos Next Generation. La iniciativa podría articularse mediante proyectos piloto obligatorios, la definición de estándares técnicos comunes y, crucialmente, la creación de un marco jurídico que otorgue plena validez a estos registros como sistema de auditoría.
Conclusión: la transparencia ya no es una opción, es una posibilidad técnica
La tecnología blockchain ofrece una oportunidad histórica para pasar de un modelo de supervisión reactiva a uno de trazabilidad estructural e inherente. El control dejaría de ser un proceso externo y posterior para convertirse en una característica inseparable de la propia ejecución del gasto.
La implementación de este sistema no solo reduciría drásticamente las oportunidades de corrupción y mala gestión, sino que reforzaría la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Europa tiene la oportunidad de liderar esta transformación. La pregunta ya no es si la transparencia total es posible, sino qué gobiernos tienen miedo de implementarla.
Por Ignacio Ferrer-Bonsoms, abogado digital, https://bacsociety.com/