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Una jueza de Catarroja cita a Feijóo como testigo en el caso DANA para que aclare comentarios de Mazón. La decisión, basada en un testimonio indirecto, plantea serias dudas sobre su pertinencia y encaje en la ley procesal.

El Ejecutivo de Sánchez intenta controlar el relato del 'caso Koldo', pero la intervención de la Fiscalía Europea evidencia los límites del poder político frente al Derecho de la Unión y la separación de poderes.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, utiliza una rueda de prensa para negar las acusaciones de acoso sexual y advierte con judicializar el caso. Analizamos las implicaciones legales de su respuesta.

Un juzgado investiga si el brote de peste porcina en Cataluña se originó en un laboratorio que manipulaba el virus, un posible delito ambiental que pone en duda la eficacia del control estatal.

El Gobierno anuncia una ley que restringe la colaboración público-privada en sanidad, pero la realidad jurídica y práctica plantea serias dudas sobre su viabilidad y alcance.

El Ejecutivo investiga un posible origen en laboratorio de la peste porcina africana, pero la evidencia y competencias jurídicas limitan estas afirmaciones.

El acuerdo de Netflix para adquirir Warner Bros por 82.700 millones de dólares plantea serios retos legales y regulatorios en la industria del entretenimiento digital.

La salida del directivo de Ribera Salud tras proponer alargar listas de espera en un hospital público evidencia las fallas del modelo de concesión y la necesaria vigilancia de la Administración.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente prohíbe salir de España a dos exdirectivos de Acciona investigados en la trama de sobornos que salpica al exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

La Generalitat confirma el hallazgo de 50 jabalíes muertos en Collserola, pero la respuesta, que incluye a la UME, genera dudas sobre su proporcionalidad y coste.

El Gobierno asegura que destituyó 'de forma inmediata' al asesor Paco Salazar, pero las graves denuncias de acoso revelan un presunto patrón de conducta tolerado en Moncloa, poniendo en duda la responsabilidad preventiva de la Administración.

El jefe de gabinete de Mazón desmonta en el Congreso el intento de la izquierda de convertir la comisión de la DANA en un juicio político, amparándose en el procedimiento judicial en curso y evidenciando los límites de la investigación parlamentaria.