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Aldama entrega al juez el sobre de Delcy: la presunta financiación irregular del PSOE, bajo la lupa judicial

El empresario Víctor de Aldama, figura central en la trama del ‘caso Koldo’, ha dado un paso que podría sacudir los cimientos del Partido Socialista. Hace una semana, entregó al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el sobre que, según su testimonio, contiene información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Este movimiento se produce en el marco de una pieza declarada secreta que investiga pagos en metálico vinculados al partido del Gobierno.

Un movimiento estratégico en una pieza secreta

La entrega del sobre se formalizó durante una declaración de Aldama ante el juez Moreno, a la que acudió acompañado de su abogado, José Antonio Choclán. Fue el propio magistrado quien solicitó al empresario que aportara el documento, cuyo origen, según Aldama, se remonta a un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La información, avanzada por ‘El País’, confirma que el contenido del sobre ya está en manos de la justicia, que deberá ahora analizar su veracidad y alcance.

La declaración y la entrega se han producido bajo el más estricto secreto sumarial, una medida que busca proteger la investigación de posibles interferencias mientras se verifican los datos aportados. La implicación de la Internacional Socialista añade una dimensión transnacional a unas acusaciones de por sí graves contra el partido que actualmente gobierna España.

Apunte Jurídico: Una pieza separada y secreta, como la que instruye el juez Moreno, es una herramienta procesal que permite investigar una línea específica de un caso complejo de forma confidencial. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el secreto sumarial puede ser decretado por el juez de instrucción para evitar la destrucción de pruebas o la fuga de investigados. Esta medida afecta a todas las partes personadas, a excepción del Ministerio Fiscal, y tiene una duración limitada, aunque prorrogable. La existencia de esta pieza sugiere que el juez ve indicios sólidos que requieren una investigación protegida.

De la oferta a Anticorrupción a la confirmación de la UCO

No es la primera vez que Aldama menciona este sobre. Ya el pasado 29 de enero, en su declaración como investigado en el ‘caso hidrocarburos’ ante el juez Santiago Pedraz, hizo referencia a su existencia. En aquel momento, explicó que la información guardaba relación con el sector de los hidrocarburos, pero no con la empresa que se investigaba en esa causa. Tras esa primera revelación, la Fiscalía Anticorrupción mostró su interés, y el empresario llegó a emplazar al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de desvelar su contenido, una clara señal de que lo consideraba una baza negociadora de gran valor.

La existencia de esta documentación ya había sido detectada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En uno de sus informes, la UCO reveló que Aldama había dejado en custodia de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano, «documentación sensible» relativa a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los investigadores destacaron una fotografía en la que se apreciaba un sobre con un sello oficial que, según el informe, «correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020». Esta fecha coincide con el polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas entre el entonces ministro José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez.

Apunte Jurídico: El delito de financiación ilegal de partidos políticos está tipificado en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. Sanciona la aceptación de donaciones anónimas, finalistas o que superen los límites legales, así como las provenientes de empresas públicas o gobiernos extranjeros. De probarse que un partido recibió fondos de forma irregular, las consecuencias podrían ir desde multas económicas hasta la responsabilidad penal de sus administradores y, en última instancia, del propio partido como persona jurídica.

Con el sobre ya en poder de la Audiencia Nacional, se abre un nuevo e impredecible capítulo en una trama que no deja de cercar al Partido Socialista. La justicia tiene ahora la palabra para determinar si las afirmaciones de Aldama tienen fundamento y qué consecuencias políticas y penales podrían derivarse de ello.