La cúpula de la Guardia Civil, investigada por presionar a la UCO en casos que afectan al Gobierno
Tras la condena del Fiscal General del Estado por revelación de secretos, otro alto cargo del aparato estatal se enfrenta a la justicia. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y a la directora general, Mercedes González, en un caso que apunta a presiones sobre la Unidad Central Operativa (UCO).
El episodio recuerda al acto de desagravio que el entorno socialista organizó para el exfiscal Álvaro García Ortiz en el Ateneo de Madrid, donde se acusó a los jueces de ser «justicieros», en palabras del socialista Manuel de la Rocha. En aquel evento, según Nicolás Sartorius, se llegó a afirmar que hay jueces convencidos de que «deben salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno». Una narrativa de confrontación con el poder judicial que ahora vuelve a cobrar relevancia.
La Sombra de la Prevaricación sobre la Cúpula del Instituto Armado
El pasado 2 de julio, el juez Santiago Pedraz formalizó la investigación contra la cúpula de la Guardia Civil. Mientras que la imputación de la directora general, Mercedes González, se enmarca en un perfil de nombramiento político vinculado al PSOE, el foco se centra en el teniente general Manuel Llamas, el DAO, un funcionario de carrera.
La providencia del juez es contundente al señalar que existen «en la causa indicios de responsabilidad en hechos que, prima facie, podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito contra la Administración de Justicia del art. 464.1 del Código Penal». La acusación sugiere que el DAO habría utilizado su poder para interferir en el trabajo de los investigadores de la UCO.
Un «Acoso Institucional» para Intimidar a la UCO
El núcleo de la investigación reside en una serie de «informaciones reservadas» ordenadas por la cúpula contra agentes de la UCO. Según las fiscales del caso, estas actuaciones se iniciaron tras conocerse que información sensible, como el correo de la mujer del presidente del Gobierno, había llegado accidentalmente a un procedimiento judicial.
La primera de estas investigaciones, del 4 de diciembre de 2024, se ordenó a pesar de que no se apreció «dolo o negligencia» en el agente implicado. Aun así, el instructor propuso una amonestación verbal. Posteriormente, se abrieron otras dos investigaciones en 2025, una de las cuales «se archivó de plano sin practicar diligencia alguna». Todas ellas, según se desprende de la causa, fueron motivadas por noticias publicadas en prensa.
Las fiscales destacan la anormalidad de esta situación, citando las declaraciones de varios generales que afirmaron que «en toda su carrera profesional, no habían sido objeto de informaciones reservadas salvo las que aquí se citan -tres en dos años-«. Este patrón es interpretado por la Fiscalía como un método de acoso.
En su escrito, las fiscales argumentan que si se acredita que estas investigaciones «no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria» sino a una «reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras», la potestad disciplinaria se convierte en «un auténtico medio de intimidación institucional».
El objetivo, según se desprende de la acusación, era claro: intimidar a los agentes de la UCO mediante «el ejercicio efectivo y reiterado de un poder administrativo capaz de comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación…». Unas prácticas que, de confirmarse, suponen un grave ataque a la independencia judicial y a la integridad de las instituciones del Estado.