El Gobierno de Pedro Sánchez parece operar bajo la premisa de que las leyes económicas pueden ser suspendidas o derogadas mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros. Esta visión se manifiesta con especial claridad en su aproximación al mercado de trabajo, un ámbito que, como su propio nombre indica, es un mercado. Y en un mercado, los precios —en este caso, los salarios— se forman por el acuerdo entre la oferta y la demanda, no por la voluntad política.
La narrativa oficial frente a la realidad económica
Desde el Ejecutivo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, se insiste en un discurso centrado en la «dignificación» de los salarios a través de subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el fortalecimiento de la negociación colectiva centralizada. Se afirma que estas medidas son una cuestión de «justicia social» y un motor para la economía. Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con una realidad ineludible: las empresas españolas y sus trabajadores no operan en una burbuja, sino que compiten en un mercado globalizado.
Si los trabajadores, alentados por un marco regulatorio rígido, exigen un salario por encima del que el mercado puede sostener en función de la productividad y la competencia internacional, el resultado previsible es un aumento del desempleo. Las empresas, especialmente las pymes, se enfrentan a una elección difícil: o bien reducen plantilla para asumir el sobrecoste, o bien se ven abocadas al cierre o a la deslocalización. Ignorar esta dinámica es condenar a miles de trabajadores, sobre todo a los menos cualificados, a la exclusión del mercado laboral.
Sindicatos en el Gobierno: ¿defensa de los trabajadores o de un modelo?
La presencia de los sindicatos en la mesa donde se toman las decisiones políticas añade una capa de complejidad. Su influencia directa en el Gobierno desdibuja la necesaria separación entre la negociación laboral y la legislación. Esto conduce a un modelo que beneficia principalmente a los trabajadores ya establecidos en grandes empresas y en el sector público (los llamados *insiders*), mientras perjudica a los parados, los jóvenes que buscan su primer empleo y los empleados de pequeñas empresas con menor capacidad de adaptación (los *outsiders*).
Esta dinámica crea un mercado laboral dual, donde un núcleo protegido por la rigidez normativa coexiste con una periferia precaria. La realidad es que los trabajadores españoles deben ser conscientes de que compiten con fuerza laboral de otros países y que las expectativas salariales deben ir acompasadas de un aumento de la productividad y la competitividad, algo que la actual legislación no fomenta.
Las alternativas desde la oposición
Frente al modelo intervencionista del Gobierno, el Partido Popular ha abogado por medidas que buscan un equilibrio entre la protección del trabajador y la necesaria flexibilidad para las empresas. Propuestas como la reducción de las cotizaciones sociales o la introducción de incentivos fiscales a la contratación buscan reducir el coste del trabajo sin mermar el salario neto, fomentando así la creación de empleo. Este enfoque, más alineado con las economías de nuestro entorno, parte de la premisa de que la mejor política social es una economía competitiva que genere oportunidades para todos.
Por su parte, otras formaciones como Vox mantienen un discurso en ocasiones contradictorio, defendiendo a la vez medidas proteccionistas y subidas salariales que, sin un plan de competitividad claro, podrían resultar perjudiciales para la economía nacional en un entorno abierto.
En definitiva, la insistencia en tratar el mercado de trabajo como un tablero de ajedrez político en lugar de como lo que es, un mercado, solo conduce a la frustración y al estancamiento. La prosperidad no se decreta, se construye sobre los cimientos de la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad.