El juicio por la ‘Operación Kitchen’, la presunta trama de espionaje orquestada desde el Ministerio del Interior del PP contra el extesorero Luis Bárcenas, ha derivado en un esperpento procesal con el Gobierno como protagonista. En una maniobra que desafía los principios de seguridad jurídica, el tribunal ha decidido admitir como prueba unos audios sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez, a pesar de que su origen es, como mínimo, turbio y su introducción en la causa responde a una estrategia política del PSOE para desviar la atención de los escándalos que cercan a Moncloa.
El Origen Contaminado de la ‘Prueba’ Socialista
La polémica estalló esta semana cuando la defensa de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, exigió la expulsión de unas grabaciones del excomisario Villarejo que datan de 2014. El motivo es demoledor: los audios no proceden de ningún registro judicial oficial, sino que fueron entregados a la Policía por el empresario Javier Pérez Dolset, quien a su vez los obtuvo de una fuente tan controvertida como el canal de Telegram del agitador Alvise Pérez.
Una Contraofensiva en Plena Crisis del ‘Caso Begoña’
La maniobra del PSOE no es casual. La reactivación de estos audios coincide milimétricamente con los momentos de mayor debilidad para Pedro Sánchez. Según diversas informaciones periodísticas, el empresario Pérez Dolset y su socia Leire Díez —ambos investigados en otra causa— se reunieron en la sede de Ferraz con altos cargos socialistas como Santos Cerdán y Antonio Hernando durante la famosa «semana de reflexión» del presidente, motivada por la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez.
En esa reunión, según se investiga en un juzgado de Madrid, se habría diseñado la estrategia para usar la documentación de Villarejo como un contraataque. El propio Hernando admitió haber dado instrucciones para reactivar la tesis de que la familia Sánchez fue víctima de una «guerra sucia» por parte de la ‘policía patriótica’.
Un Triunfo Pírrico para el PSOE
Aunque el PSOE ha logrado su objetivo de introducir ruido mediático y una narrativa de victimismo en el juicio de Kitchen, su balance judicial es pobre. Los jueces han rechazado sus pretensiones más importantes: ni se ha imputado a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni se ha considerado al partido como responsable a título lucrativo en esta pieza.
Además, la propia Audiencia Nacional ya había descartado en el pasado investigar las saunas del suegro de Sánchez, al no encontrar indicios de ilegalidad ni de un operativo de espionaje real. La información que poseía Villarejo, según autos judiciales, provenía de contactos personales y no de una operación policial.
En el juicio de la ‘Operación Kitchen’ se sientan en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez, y una cúpula policial que incluye a José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas, entre otros.
El juicio continúa, pero ahora con una sombra de duda sobre su integridad. La defensa de Villarejo ya ha solicitado la comparecencia urgente de Pérez Dolset para que aclare bajo juramento su papel en esta trama. Lo que empezó como un proceso sobre las cloacas del Estado durante el gobierno del PP, corre el riesgo de convertirse en un escaparate de las maniobras del PSOE para usar esas mismas cloacas en su propio beneficio.