La estrategia procesal de la acusación popular en el caso contra Begoña Gómez ha sufrido un significativo revés. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez instructor de no citar a declarar como testigo a Víctor Gonzalo de Aldama, una de las figuras centrales del ‘caso Koldo’. La resolución judicial es un contundente recordatorio de que las investigaciones penales se basan en indicios sólidos, no en especulaciones mediáticas.
«Hipótesis y conjeturas»: El varapalo judicial a una testifical basada en una entrevista
La acusación popular, en su intento de conectar las actividades de Begoña Gómez con la trama del ‘caso Koldo’, basó su petición en una entrevista concedida por Aldama a un medio de comunicación. En ella, el empresario dejaba entrever que la esposa del Presidente del Gobierno utilizaba su posición para obtener patrocinios para su cátedra. Sin embargo, para la Audiencia de Madrid, estas afirmaciones carecen del más mínimo rigor probatorio.
El auto es demoledor al señalar que en la entrevista «no se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas». Por ello, la decisión del magistrado instructor de rechazar la testifical se considera «conforme a derecho».
Los magistrados critican la vaguedad de las acusaciones, que se apoyan en frases entrecortadas de una entrevista cuya grabación ni siquiera fue aportada al procedimiento. Se menciona que Aldama contestó «Obviamente» a si Gómez usaba su ascendencia, pero el tribunal subraya que «no se dice de qué forma y a través de quién», lo que convierte la afirmación en una opinión genérica sin valor para la causa penal.
El Apunte Jurídico Clave: Proteger al testigo que puede convertirse en investigado
Más allá de la falta de utilidad probatoria, la Audiencia esgrime un argumento de peso en defensa de la seguridad jurídica y las garantías procesales. Aldama no es un ciudadano cualquiera; es una persona investigada en otras causas que las propias acusaciones han intentado vincular con este procedimiento. Llamarlo a declarar como testigo podría comprometer gravemente su derecho de defensa.
Esta prudencia judicial choca frontalmente con la estrategia de la acusación popular, que parece intentar una ‘causa general’ interconectando diversos hechos (contratos de Red.es, Globalia, SEPI, la Cátedra) sin un nexo causal claramente definido por el momento. El tribunal pone coto a esta suerte de ‘expedición de pesca’ procesal.
En definitiva, la resolución judicial supone un serio correctivo para las acusaciones que basan su estrategia en el ruido mediático más que en la aportación de pruebas sólidas. La Justicia, una vez más, recuerda que el Estado de Derecho exige rigor y garantías para todos, incluido para quien, como Aldama, se encuentra en el centro de una de las tramas de corrupción más relevantes de la legislatura.