El cronómetro avanza de forma inexorable para el juez Juan Carlos Peinado y, con él, para el futuro judicial de Begoña Gómez. Al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le restan apenas seis meses para su jubilación forzosa a los 72 años, un plazo que convierte la fase final de su carrera en una carrera de obstáculos contra la presión política, las maniobras dilatorias y la propia complejidad de uno de los sumarios más explosivos de la historia reciente: la investigación a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
La ofensiva de Peinado para blindar la causa
Consciente del calendario y de la monumental ofensiva legal y mediática orquestada desde el entorno de Moncloa, el juez Peinado ha optado por una estrategia de blindaje. Su reciente decisión de unificar todas las ramas del caso en un único procedimiento y tramitarlo por la Ley del Tribunal del Jurado busca acelerar los plazos. Sin embargo, esta maniobra se enfrenta al muro de recursos interpuestos no solo por las defensas de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y su asesora, sino también, y de forma insólita, por la propia Fiscalía, que actúa en la práctica como un segundo abogado defensor.
El magistrado, lejos de amilanarse, ha redoblado la apuesta. En sus últimos autos, ha dejado constancia de la existencia de indicios sólidos de criminalidad en hasta cinco delitos distintos. Este movimiento no es casual: busca presentar un caso tan robusto que a la Audiencia Provincial de Madrid, órgano superior que debe resolver los recursos, le resulte difícil desmantelar la instrucción, a pesar de haber corregido al juez en decisiones anteriores.
El relevo en el juzgado: ¿Un sistema a prueba de injerencias?
La gran incógnita es qué ocurrirá si Peinado no logra firmar el auto de apertura de juicio oral antes de su retiro. En los pasillos de los juzgados y en los círculos políticos se especula con la posibilidad de maniobras para situar a un magistrado de perfil «progresista», más afín a las tesis del Gobierno. Sin embargo, el sistema de sucesión judicial en España está diseñado, precisamente, para evitarlo.
Aunque el sistema de escalafón ofrece garantías de objetividad, la fase de interinidad, ocupada por un juez sustituto, podría ser un periodo de menor impulso procesal. La presión ambiental sobre un juez no titular sería enorme. La adjudicación definitiva de la plaza, que suele atraer a magistrados con largas trayectorias por el prestigio de los juzgados de Madrid, tardaría meses en resolverse.
Hitos clave en una carrera contrarreloj
El futuro inmediato del caso Begoña Gómez depende de una serie de hitos que se sucederán en las próximas semanas, con la fecha de jubilación del juez como espada de Damocles.
- Pendiente: Recepción del informe final de la UCO sobre el entorno de Gómez, pieza clave para cerrar el círculo de la investigación.
- Inminente: Decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos contra la unificación del caso y la competencia del Tribunal del Jurado. Su fallo será determinante.
- Límite: Marzo de 2025, fecha de la jubilación forzosa del juez Peinado.
- Consecuencia: Si no concluye la instrucción, un juez sustituto asumirá temporalmente la causa hasta la asignación definitiva de la plaza, abriendo un nuevo escenario de incertidumbre.
En definitiva, la justicia se enfrenta a una prueba de estrés. El pulso no es solo entre un juez instructor y la defensa de la esposa del presidente del Gobierno; es una batalla por la independencia judicial frente a un poder ejecutivo que no ha dudado en señalar a jueces y medios de comunicación. Los próximos seis meses dictarán si el caso Begoña Gómez llega a juicio o si, por el contrario, la estrategia de dilación y el cambio de instructor logran su objetivo: el sobreseimiento.