La opacidad en el uso de los medios aéreos del Estado vuelve al centro de la polémica. El colectivo de funcionarios Manos Limpias ha interpuesto una denuncia contra el que fuera Coronel Jefe del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas, responsable de los vuelos oficiales, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro contra la seguridad de los trabajadores. La acusación se centra en un sospechoso vuelo realizado por un Falcon 900 a Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela, que operó con el sistema de localización apagado para no dejar rastro.
El Vuelo de la Discordia: Cúcuta en el Punto de Mira
La denuncia señala directamente al entonces coronel, hoy general de brigada, como máximo responsable de la tripulación de la aeronave oficial en un viaje que levanta serias dudas sobre su propósito y legalidad. Los hechos se remontan al 12 de junio de 2023, cuando el avión despegó de Santo Domingo (República Dominicana) con destino a la ciudad colombiana de Cúcuta, un punto caliente por su proximidad a Venezuela.
Aeronave: Dassault Falcon 900 (matrícula T.18-3).
Fecha: 12 de junio de 2023.
Ruta: Santo Domingo (República Dominicana) – Cúcuta (Colombia) – Santo Domingo.
Irregularidad: Vuelo realizado con el localizador ADS-B (transpondedor) apagado.
Apagón en el Aire: Una Maniobra Ilegal y Peligrosa
La principal acusación se fundamenta en que el Falcon voló deliberadamente ‘a oscuras’. Apagar el transpondedor no es una cuestión menor; es una grave violación de las normativas de seguridad aérea internacionales que puso en riesgo tanto a la tripulación del avión oficial como a otras aeronaves en el espacio aéreo.
El sistema ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) es un dispositivo de vigilancia que transmite automáticamente la posición, altitud y velocidad de una aeronave. Según la normativa de la FAA (Administración Federal de Aviación de EE.UU.), citada en la denuncia, las aeronaves deben operar con este equipo en modo de transmisión en todo momento. Desactivarlo sin autorización del control de tráfico aéreo (ATC) no solo busca ocultar la ruta, sino que crea un «riesgo real por colisión», como subraya Manos Limpias.
La Coartada Real y las Incongruencias del Viaje
Para entender la gravedad del asunto, es crucial el contexto. Este Falcon T.18-3 era la aeronave de reserva para un viaje oficial de S.M. la Reina Sofía a Colombia, organizado por la AECID. Sin embargo, su comportamiento fue anómalo. En lugar de seguir al avión principal (un Airbus A310), el Falcon partió un día antes desde Torrejón de Ardoz hacia Santo Domingo. Y mientras el Airbus volaba de Madrid a Colombia el 12 de junio, el Falcon se desviaba en su misión secreta a Cúcuta.
Aunque se intentó borrar el rastro del vuelo apagando el transpondedor, Manos Limpias afirma haber localizado un documento oficial de Servair, empresa de servicios aeroportuarios, que certifica la operativa del vuelo entre Santo Domingo y Cúcuta en la fecha señalada. Una prueba que desmonta el intento de ocultación.
Sombras de Corrupción: De Delcy a Begoña Gómez
La denuncia no duda en señalar las posibles motivaciones políticas detrás de esta maniobra, vinculando la opacidad con las relaciones del Gobierno de Sánchez con el régimen de Maduro en Venezuela.
El escrito va más allá y conecta esta falta de transparencia con un patrón de conducta del Gobierno, mencionando la sospecha ciudadana sobre los frecuentes viajes del Falcon a destinos del Caribe que coinciden con los negocios privados de Begoña Gómez, esposa del presidente, sobre quien pesa una investigación judicial.
Peticiones al Juzgado: Exigencia de Transparencia Total
Ante la gravedad de los hechos, Manos Limpias solicita al juzgado una investigación exhaustiva para esclarecer quién viajaba en ese avión y con qué propósito se utilizaron recursos públicos de forma presuntamente fraudulenta. Las diligencias solicitadas incluyen:
- La declaración del coronel denunciado y de toda la tripulación del vuelo.
- La aportación de todos los documentos de vuelo, incluyendo la lista de pasajeros, de todos los viajes a República Dominicana desde mayo de 2019.
Esta denuncia abre un nuevo frente judicial que pone el foco en el uso partidista y opaco de los medios del Estado, un escándalo que exige respuestas claras que, hasta ahora, el Gobierno se ha negado a proporcionar.