El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a la fórmula de la rebaja fiscal temporal como respuesta a una crisis. En un Consejo de Ministros extraordinario, se ha aprobado un real decreto-ley que reduce el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas del tipo general del 21% al reducido del 10%. La justificación oficial, según fuentes gubernamentales citadas por diversos medios, es la necesidad de «mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio».
Sin embargo, un análisis más profundo revela una estrategia que prioriza el impacto mediático a corto plazo sobre las soluciones estructurales, utilizando para ello una herramienta legislativa pensada para emergencias reales, no para gestionar problemas económicos persistentes.
Una Medida de Dudosa Eficacia y Elevado Coste
Aunque cualquier alivio para el bolsillo de los ciudadanos es, en principio, bienvenido, la experiencia demuestra que las rebajas del IVA en productos con mercados tan volátiles no siempre se trasladan íntegramente al consumidor final. Parte de la rebaja fiscal puede ser absorbida por los intermediarios de la cadena de suministro, diluyendo el efecto deseado. El Gobierno presenta la medida como un escudo social, pero omite el debate sobre su sostenibilidad.
Esta reducción impositiva supone una merma significativa en la recaudación del Estado. Menos ingresos implican, inevitablemente, dos escenarios futuros: un aumento de la deuda pública que pagarán las generaciones venideras o futuros recortes en servicios y subidas de otros impuestos para compensar el desequilibrio. Se trata, en esencia, de pan para hoy y hambre para mañana, una solución que pospone el problema en lugar de resolverlo.
La Improvisación como Política de Estado
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo recurre a parches fiscales. La prórroga de medidas similares en el pasado demuestra una falta de estrategia energética a largo plazo. En lugar de abordar las causas estructurales de los altos precios de la energía en España —como la dependencia exterior, la falta de interconexiones o una fiscalidad energética que penaliza la actividad—, el Gobierno opta por la vía más sencilla y efectista: tocar los impuestos indirectos.
Mientras se anuncian estas rebajas, se mantienen o incluso se crean otras figuras impositivas que gravan la producción y el consumo, generando una maraña fiscal contradictoria. Se alivia la presión por un lado mientras se aumenta por otro, evidenciando una política fiscal errática y guiada más por la coyuntura política que por un plan económico coherente.
En conclusión, la rebaja del IVA anunciada por el Gobierno de Sánchez puede ofrecer un respiro temporal, pero se enmarca en una peligrosa dinámica de improvisación y abuso de los mecanismos de urgencia. Es una medida que elude el debate parlamentario, ignora la necesidad de reformas estructurales y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Una vez más, la propaganda se impone a la buena gestión.