El Gobierno ha encontrado en las subvenciones nominativas una vía para asignar fondos públicos de manera directa, eludiendo los principios de concurrencia competitiva que rigen la administración. Este método, que consiste en incluir el nombre del beneficiario directamente en los Presupuestos Generales del Estado, ha experimentado un notable incremento bajo el mandato socialista, generando serias dudas sobre la transparencia y el control del gasto.
¿Qué es una subvención nominativa y por qué es controvertida?
A diferencia del procedimiento ordinario, donde múltiples candidatos compiten por una ayuda pública en base a criterios objetivos, la subvención nominativa es una asignación ‘a dedo’. El Ejecutivo decide discrecionalmente qué entidad recibe los fondos, sin necesidad de compararla con otras posibles candidatas. Si bien la ley contempla esta figura como una excepción, su uso generalizado la convierte en una herramienta para dirigir el dinero del contribuyente según criterios que pueden ser más políticos que técnicos, en lugar de basarse en el mérito o la eficiencia.
Elusión de controles y el riesgo de clientelismo
Al saltarse el concurso público, el Gobierno no solo evita la competencia, sino también los rigurosos controles asociados a ella. Se pierde la garantía de que el proyecto financiado sea el más eficiente o el que mejor sirva al interés general. Esta práctica abre la puerta a la creación de redes clientelares, donde la afinidad ideológica o política puede pesar más que el mérito del proyecto. La consecuencia directa es un sistema menos transparente y más propenso al despilfarro de recursos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos.
La proliferación de subvenciones nominativas representa un retroceso en materia de buena gobernanza. Mientras el discurso oficial apela a la transparencia, la realidad presupuestaria muestra una tendencia a la opacidad y la discrecionalidad. La legalidad de cada una de estas ayudas depende de una justificación rigurosa que, en muchos casos, es cuestionable, dejando la puerta abierta a la fiscalización por parte de los tribunales.