Madrid. La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados ha evidenciado, una vez más, la estrategia del presidente Pedro Sánchez de eludir la rendición de cuentas mediante la descalificación del adversario. Ante la petición del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que asumiera responsabilidades por los casos de corrupción que involucran a su gobierno, Sánchez respondió con un ataque directo, acusándole de «realizar política para extremistas».
La fiscalización parlamentaria, convertida en ‘extremismo’
El debate se originó cuando el presidente del PP exigió a Sánchez que ofreciera explicaciones y asumiera su «responsabilidad política» ante las crecientes informaciones sobre presuntas irregularidades en su entorno. Lejos de abordar el fondo de la cuestión, el presidente del Gobierno optó por desviar el foco. Según afirmó Pedro Sánchez, la insistencia de Feijóo en estos asuntos no responde a una labor de oposición legítima, sino a una supuesta sumisión a una agenda radical.
Esta maniobra busca transformar una exigencia de transparencia, pilar fundamental en cualquier democracia parlamentaria, en un acto de desestabilización. Al calificar de «extremista» la labor de fiscalización del principal partido de la oposición, el Gobierno no solo evita dar explicaciones incómodas, sino que pretende erosionar la legitimidad de los mecanismos de control que establece la Constitución.
Una estrategia que debilita las instituciones
La respuesta del presidente Sánchez no es un hecho aislado. Se enmarca en una pauta de comportamiento consistente en presentar cualquier crítica o fiscalización como un ataque ilegítimo. Al hacerlo, se desdibuja la línea que separa al Gobierno del Estado y se presenta la crítica al primero como una afrenta al segundo. Este enfoque ignora que la esencia del sistema parlamentario reside precisamente en el contrapeso de poderes y en la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas ante los representantes de la soberanía popular.
Cuando el presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, se niega a responder sobre asuntos de evidente interés público y, en su lugar, ataca a quien le pregunta, no solo incumple con su deber de transparencia, sino que contribuye al descrédito de las instituciones. La corrupción, o la sospecha fundada de ella, se combate con explicaciones, datos y asunción de responsabilidades, no con etiquetas que buscan silenciar al mensajero.
En definitiva, el enfrentamiento de este miércoles revela un preocupante patrón: ante la exigencia de rendir cuentas, el Gobierno responde cuestionando la legitimidad de la oposición. Una táctica que, a corto plazo, puede servir para desviar la atención, pero que, a largo plazo, socava los cimientos del control democrático y la salud del debate público.