El Estado no es un cortijo privado, aunque el actual Ejecutivo se empeñe en gestionarlo como tal. La escandalosa caída del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional no es un mero suceso de crónica negra, sino el enésimo síntoma de una podredumbre institucional amparada desde la cúspide política. Fernando Grande-Marlaska no solo eligió a este comisario, sino que retorció la legislación mediante un indigno «decreto ómnibus» para perpetuarlo en el cargo más allá de su edad legal de jubilación. Hoy, ese mismo pretoriano blindado a la carta abandona el puesto acorralado por una querella por agresión sexual a una subordinada, evidenciando el peligro absoluto de moldear las leyes para proteger a los afines.
Lo verdaderamente insultante para la inteligencia del ciudadano es la respuesta del Gobierno socialista. El argumentario de Moncloa se ha convertido en una plantilla intercambiable: ante la corrupción moral, económica o el abuso de poder, la consigna es siempre el asombro impostado. Lo vimos hace apenas unas semanas con el bochornoso caso de Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez cuyas denuncias internas por acoso sexual fueron ocultadas en un cajón de Ferraz durante cinco meses. Pasó con Koldo, pasó con Ábalos y con el Tito Berni. El modus operandi es idéntico e inexorable: un Gobierno que patrimonializa la bandera del feminismo encubre los abusos de sus alfiles hasta que la presión mediática lo hace insostenible, momento en el que aplican una súbita y vergonzosa amnesia sistémica.
Cuando el poder político moldea las leyes a su antojo elimina los contrapesos naturales que protegen al Estado de Derecho frente a la arbitrariedad. Blindar por decreto a un jefe policial para que no se jubile, mientras su círculo cercano presuntamente intenta comprar el silencio de las víctimas con ascensos, es la antítesis de la democracia liberal. Es el triunfo de la lealtad cortesana sobre el mérito y el imperio de la ley. Y el problema de tener a un Ministerio del Interior actuando como defensa de oficio de sus altos mandos es que dejan a la víctima, y a la sociedad entera, en el más absoluto desamparo frente a la tiranía del cargo.
No estamos ante casos aislados, sino ante la metástasis de un modelo que concibe el Estado como un escudo protector para la militancia y la obediencia. Exigir dimisiones ya no es suficiente; urge desmantelar la arquitectura de impunidad que permite a este Ejecutivo decir, escándalo tras escándalo, que ellos nunca sabían nada de lo que ocurría en sus propios despachos.