Bautista se escuda en la vía judicial para eludir su responsabilidad política en Móstoles
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido públicamente para negar las acusaciones de acoso sexual y laboral publicadas por el diario ‘El País’ y ha descartado de forma tajante su dimisión. Su defensa se articula en torno a un argumento central: la ausencia de un procedimiento judicial formalizado que sustente las denuncias.
Acompañado por su equipo de gobierno, Bautista ha intentado zanjar la crisis política afirmando que su partido nunca le solicitó la renuncia, sino que le ofreció su apoyo. La estrategia del regidor pasa por trasladar el debate del terreno político al estrictamente procesal, una maniobra que busca desactivar la presión pública y mediática.
Una defensa centrada en la ausencia de denuncia formal
La línea argumental del alcalde se basa en la inexistencia de un caso abierto en los tribunales. Según sus propias palabras, «ninguno de mis concejales me ha solicitado que renuncie, ya que no existe una acusación formal; la vía judicial no ha sido investigada». Con esta declaración, Manuel Bautista establece una condición clara: solo una acción judicial le obligaría a reconsiderar su posición.
Además, ha restado validez a la información periodística que destapó el caso, subrayando que «una noticia periodística no es suficiente para justificar ninguna decisión». Esta afirmación sitúa la responsabilidad exclusivamente en el ámbito judicial, ignorando la dimensión de la confianza y la ejemplaridad que se exige a un cargo público.
El partido cierra filas como escudo político
Otro de los pilares de la defensa de Bautista es el archivo de la denuncia en el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular. «En el Comité de Derechos y Garantías el asunto está cerrado», enfatizó, presentando la decisión interna de su partido como un aval definitivo a su actuación.
Sin embargo, esta resolución interna, aunque políticamente relevante para su supervivencia dentro de la formación, carece de efectos jurídicos y no resuelve las dudas que las acusaciones han generado en la opinión pública. El cierre de filas del partido funciona como un cortafuegos político, pero no extingue la necesidad de ofrecer explicaciones transparentes a los ciudadanos de Móstoles.
En definitiva, el alcalde de Móstoles intenta transformar una crisis de confianza política en un debate puramente procesal. Al supeditar cualquier consecuencia a la existencia de una denuncia judicial, diluye la frontera entre la legalidad estricta y la ejemplaridad que se le presupone a un representante público, dejando en el aire si su estrategia será suficiente para mantener el cargo a largo plazo.