El Gobierno se ha visto forzado a dar marcha atrás en su estrategia legislativa. Tras la derrota parlamentaria sufrida en el Congreso, el Ejecutivo ha anunciado que dividirá en dos decretos diferentes la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios. Esta decisión, comunicada por fuentes gubernamentales, supone una rectificación en toda regla después de que el pleno rechazara su real decreto ley ‘ómnibus’, que mezclaba medidas de amplio consenso con otras de gran controversia.
Una derrota parlamentaria que obliga a rectificar
El pasado 10 de enero, el Congreso tumbó el decreto del Gobierno con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez consistía en vincular la necesaria actualización de las pensiones conforme al IPC a un paquete de medidas del llamado ‘escudo social’, incluyendo la polémica moratoria de los desalojos. Sin embargo, la aritmética parlamentaria no acompañó la maniobra.
Tanto el Partido Popular como Junts ya habían advertido al Gobierno de que apoyarían la subida de las pensiones si esta se presentaba en una norma independiente. La negativa inicial del Ejecutivo a separar las medidas y su posterior rectificación exponen una notable debilidad parlamentaria y un error de cálculo político, obligándole ahora a tramitar por separado lo que intentó imponer en un único bloque.
La suspensión de desahucios, el verdadero punto de fricción
La medida que generó el rechazo mayoritario fue la intención de extender una vez más la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta política, si bien se presenta como una medida de protección social, plantea serias dudas desde el punto de vista del derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica.
El Gobierno intentará ahora aprobar ambos decretos en el Consejo de Ministros, que previsiblemente será presidido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ante la ausencia de Pedro Sánchez. El objetivo es que la revalorización de las pensiones esté en vigor antes de que finalice el mes para que los pensionistas no vean afectadas sus nóminas de febrero, una urgencia que el propio Gobierno generó al vincularla a una medida de difícil encaje político y jurídico.
En definitiva, el Gobierno ha tenido que ceder a la lógica parlamentaria y jurídica, separando las medidas para salvar, al menos, la más popular de ellas. Un episodio que evidencia las dificultades que enfrentará para sacar adelante su agenda en una legislatura sin una mayoría clara.