La situación del servicio de Rodalies en Cataluña ha pasado de ser una incidencia grave a un fiel reflejo de la gestión estatal: un caos operativo sin fecha de resolución. Este lunes, mientras miles de ciudadanos sufrían las consecuencias de la parálisis ferroviaria, la respuesta oficial de Renfe, la operadora pública, evidenciaba una profunda incapacidad para ofrecer soluciones concretas.
En una comparecencia, el representante de Renfe, Antonio Carmona, se limitó a reiterar disculpas y confirmó que la empresa «se abstuvo de proporcionar fechas sobre el restablecimiento de la normalidad». Esta declaración no es solo una falta de información; es la constatación de que el Estado, a través de su principal empresa de transporte ferroviario, es incapaz de garantizar un servicio esencial y de gestionar una crisis de primer orden.
Un traspaso como cortina de humo
Este colapso se produce en un contexto político especialmente delicado. El Gobierno de Pedro Sánchez pactó el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat de Cataluña como uno de los acuerdos clave para su investidura. Sin embargo, la realidad actual destapa la naturaleza de esta promesa: una maniobra para deshacerse de un servicio deficitario y crónicamente mal gestionado, en lugar de una verdadera apuesta por la descentralización.
Mientras el Gobierno promete ceder el control, su gestión directa a través de Renfe y Adif sigue demostrando una negligencia que roza el abandono. La pregunta que surge es si el Ejecutivo está traspasando una competencia o, más bien, un problema irresoluble que él mismo ha agravado por años de desinversión.
La responsabilidad diluida del Estado
La respuesta de Renfe, asegurando «la movilidad de los viajeros a través de trenes o un servicio alternativo por carretera», es un eufemismo que oculta el fracaso. No se trata de ofrecer alternativas, sino de cumplir con la obligación de prestar un servicio público eficiente y fiable, algo que a todas luces no ocurre.
El Gobierno central, como máximo responsable de la infraestructura y del operador, no puede escudarse en disculpas de sus directivos. La falta de un plan de contingencia robusto y la ausencia de un horizonte claro para la normalización del servicio demuestran una grave dejación de funciones. Los ciudadanos catalanes no son víctimas de un accidente puntual, sino de un modelo de gestión pública centralizada que se ha probado ineficaz y que ahora, convenientemente, se pretende transferir cuando su estado es crítico.