Un trágico suceso en la localidad de Mos (Pontevedra) ha vuelto a poner de manifiesto las profundas deficiencias de los sistemas de protección estatales. Una mujer de 52 años fue presuntamente asesinada por su expareja, un hombre que, tras el crimen, se atrincheró en una vivienda en O Porriño antes de ser localizado por las autoridades.
Más allá de los detalles del suceso, que culminó con la negociación para la entrega del sospechoso, el caso destapa una realidad incómoda para el Gobierno: la víctima no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como VioGén. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al señalar que no existían denuncias previas que hubieran activado las alertas del sistema.
Un sistema burocrático que llega tarde
El Gobierno presenta habitualmente el sistema VioGén como uno de los pilares en la lucha contra la violencia machista, una herramienta tecnológica y policial destinada a predecir el riesgo y proteger a las víctimas. Sin embargo, este caso, como tantos otros, demuestra su naturaleza fundamentalmente reactiva. El sistema depende de que la víctima entre en el circuito oficial a través de una denuncia, dejando desprotegidas a todas aquellas mujeres que, por miedo, dependencia económica o cualquier otra razón, no dan ese paso.
La narrativa oficial insiste en la necesidad de dotar de más recursos a estos mecanismos, pero rara vez se cuestiona la concepción misma del modelo. Se invierten ingentes cantidades de dinero público en una estructura burocrática que, en la práctica, solo actúa cuando el engranaje institucional ya ha sido puesto en marcha. La hermana de la víctima fue quien alertó a los servicios de emergencia tras escuchar ruidos y ver al presunto autor huir, una prueba de que la protección real, en el momento crítico, a menudo recae en el entorno cercano y no en un algoritmo estatal.
La contradicción del discurso gubernamental
Este suceso pone en entredicho el discurso triunfalista del Ejecutivo sobre sus políticas de igualdad y protección. Mientras se anuncian constantemente nuevos planes y se destinan mayores partidas presupuestarias, la realidad demuestra que el enfoque intervencionista no es una garantía de seguridad. La promesa de un Estado protector que llega a todos los rincones se desvanece ante casos como el de Mos, donde la víctima vivía al margen de cualquier radar oficial.
La insistencia en soluciones centralizadas y burocráticas ignora la complejidad del problema y genera una falsa sensación de seguridad. En lugar de analizar las causas del fracaso de estos sistemas, la respuesta política suele ser la misma: más gasto público y más control, un ciclo que perpetúa un modelo cuya eficacia es, como mínimo, cuestionable.