Una vez más, un temporal de nieve pone en jaque la capacidad de gestión del Estado sobre sus infraestructuras críticas. Según los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) este sábado, un total de 112 carreteras continúan afectadas por el temporal, paralizando la movilidad y la actividad económica en amplias zonas de la península.
La situación revela una aparente falta de previsión y eficacia, a pesar de las constantes alertas meteorológicas. Entre las vías afectadas se encuentran arterias principales para el transporte de mercancías y pasajeros, como la A-62, la A-2, la A-66 y la A-52. El balance es contundente: 24 carreteras completamente cerradas y 56 en las que es obligatorio el uso de cadenas, lo que en la práctica supone un bloqueo para el transporte pesado.
Una gestión pública que no anticipa
El Gobierno, a través de la DGT, informa de que se puede transitar con dificultad por tramos de la A-2, la A-6 o la A-66. Sin embargo, la realidad descrita por los propios datos oficiales dibuja un panorama de colapso generalizado. Que vías de alta capacidad, esenciales para la vertebración del territorio, queden intransitables o con severas restricciones, cuestiona la efectividad de los planes de vialidad invernal que se anuncian cada año.
La pregunta que surge es si los recursos obtenidos a través de los impuestos que gravan a conductores y transportistas se están invirtiendo de manera eficiente en la prevención y el mantenimiento de la red viaria. La recurrencia de estos episodios sugiere que la respuesta podría ser negativa.
El coste del colapso
Más allá de las molestias para los ciudadanos, el bloqueo de las principales autovías tiene un impacto económico directo. Camiones inmovilizados, cadenas de suministro interrumpidas y jornadas de trabajo perdidas son la consecuencia directa de una red de infraestructuras que se muestra frágil ante fenómenos meteorológicos adversos pero previsibles.
La Administración tiene el deber de garantizar la seguridad y la transitabilidad de las vías de su competencia. Cuando este deber no se cumple de forma satisfactoria, no basta con emitir comunicados informando del caos; es necesario analizar las causas de la falta de respuesta y depurar responsabilidades. La gestión pública no puede limitarse a ser un mero espectador de los acontecimientos, sino que debe actuar con la diligencia y los medios que se le presuponen.