El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en su estrategia de negociación con sus socios parlamentarios, esta vez utilizando el sistema de financiación autonómica como moneda de cambio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la adhesión al futuro modelo de financiación será «opcional» para las comunidades autónomas, una declaración que enciende todas las alarmas jurídicas y políticas.
Según ha comunicado la propia ministra en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral donde se debaten estas cuestiones, cada territorio podrá decidir si se acoge o no al nuevo sistema. Esta aparente flexibilidad esconde una peligrosa puerta abierta a la creación de modelos ‘a la carta’, diseñados para satisfacer las exigencias de regiones concretas en detrimento del interés general y del principio de igualdad entre todos los españoles.
Un modelo ‘opcional’ que genera sospechas
La propuesta de Hacienda, lejos de ser una solución técnica a un problema enquistado, parece una respuesta política a las presiones de sus socios de investidura. Al plantear un sistema no vinculante, el Ejecutivo podría estar preparando el terreno para una «financiación singular» para Cataluña, una de las exigencias clave de los partidos independentistas para mantener su apoyo a Pedro Sánchez.
Esta maniobra convierte la solidaridad interterritorial, pilar del Estado de las Autonomías, en un concepto negociable. Si una comunidad puede rechazar el modelo común, ¿qué impide que negocie bilateralmente un estatus privilegiado? La consecuencia directa es la ruptura de la caja única y la creación de ciudadanos de primera y de segunda en función de su lugar de residencia.
El Consejo de Política Fiscal, un órgano devaluado
La decisión de presentar esta propuesta en el CPFF vacía de contenido al propio organismo. Este Consejo fue concebido como el foro para alcanzar acuerdos multilaterales entre el Estado y todas las comunidades autónomas, garantizando un trato equitativo. Sin embargo, al introducir la «opcionalidad», el Gobierno lo degrada a un mero trámite informativo.
Si el acuerdo fundamental ya no se busca en el seno del Consejo, sino en despachos a través de negociaciones bilaterales, se está dinamitando la lealtad institucional. El Gobierno parece priorizar su supervivencia parlamentaria a corto plazo sobre la cohesión y la estabilidad del Estado a largo plazo, generando una grave inseguridad jurídica y un precedente peligroso para el futuro de la financiación territorial en España.