El Gobierno ha anunciado la aprobación de un anteproyecto de Ley Orgánica destinado a proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, con un enfoque específico en los desafíos que plantean las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. La propuesta, impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, busca reemplazar una ley vigente desde 1982 para, según el Ejecutivo, adaptarla a la realidad del siglo XXI.
Entre sus puntos clave, el texto declara ilegal la difusión de voces o imágenes alteradas mediante IA, conocidas como ‘deepfakes’, sin el consentimiento explícito de la persona afectada. Sin embargo, tras la presentación oficial, surgen dudas sobre si esta normativa es una respuesta proporcionada y necesaria o si, por el contrario, abre la puerta a un control más férreo sobre la información y la opinión.
La propaganda del Ejecutivo: una ley ‘necesaria’ para el siglo XXI
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enmarcado esta iniciativa como «un avance en el Plan de Acción para la Democracia». Según el Gobierno, la ley de 1982 se ha quedado obsoleta y es incapaz de hacer frente a fenómenos como los ‘true crimes’ o la manipulación digital. Con esta narrativa, el Ejecutivo se presenta como el garante de los derechos ciudadanos en la era digital.
No obstante, esta argumentación obvia que los tribunales españoles llevan décadas adaptando la interpretación de la ley de 1982 a los avances tecnológicos, desde la aparición de internet hasta las redes sociales. La afirmación de que se necesita una ley completamente nueva para abordar estos retos parece ignorar la labor jurisprudencial que ya pondera los derechos en conflicto.
Riesgos para la libertad de expresión bajo el pretexto de la IA
El punto más controvertido del anteproyecto es la regulación estricta sobre el uso de la imagen y la voz. Al establecer como ilícito el uso de tecnologías de IA para alterarlas sin consentimiento, se genera una zona gris que podría afectar no solo a los ‘deepfakes’ maliciosos, sino también a la sátira, la parodia o la creación artística, todas ellas manifestaciones amparadas por la libertad de expresión.
La norma no parece distinguir con claridad entre el uso humorístico o crítico de la imagen de un personaje público y la suplantación de identidad con fines delictivos. Esta ambigüedad podría tener un «efecto desaliento» (chilling effect) sobre la crítica política y la libertad creativa, al generar inseguridad jurídica en creadores y medios de comunicación.
En conclusión, si bien la intención declarada de proteger a los ciudadanos de los abusos tecnológicos es loable, el anteproyecto presentado por el Gobierno de Sánchez genera serias dudas. Su redacción parece más orientada a establecer un mecanismo de control preventivo sobre el discurso público que a ofrecer soluciones jurídicas que la judicatura no pudiera ya aplicar. La delgada línea entre proteger el honor y limitar la crítica parece desdibujarse en favor de lo segundo.