Mientras la polémica ‘Ley de Nietos’ se enfrenta a un escrutinio judicial cada vez más intenso en España, el PSOE y sus socios del BNG ya han puesto en marcha la maquinaria electoral en Sudamérica. Con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, donde un puñado de votos del exterior puede ser decisivo, han iniciado una gira para captar la lealtad de los cientos de miles de nuevos españoles nacionalizados bajo esta norma, una maniobra que evidencia la instrumentalización de la nacionalidad con fines puramente partidistas.
Una ley cercada por los tribunales
La ofensiva electoral del Gobierno y sus socios en el exterior contrasta frontalmente con la delicada situación jurídica de la norma en España. La Ley de Memoria Democrática, que permite la nacionalización masiva de descendientes, está siendo investigada en dos frentes clave que ponen en duda su legalidad y aplicación.
- Investigación a Sofía Puente: Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la hermana del ministro Óscar Puente, por una instrucción presuntamente irregular que facilitó la concesión de nacionalidades, un caso que podría derivar en un presunto delito de prevaricación.
- El Censo Electoral en el Supremo: El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda que solicita la paralización urgente de la inscripción en el censo electoral de los beneficiarios de la ley, ante las dudas sobre la legalidad del proceso.
El botín electoral: Cientos de miles de nuevos votantes
La prisa del PSOE y sus socios por ‘fidelizar’ a estos nuevos ciudadanos se entiende al analizar las cifras. La ley ha creado de la nada un caladero de votos de dimensiones extraordinarias, concentrado principalmente en países de Hispanoamérica.
Dato Clave
Según datos consulares recopilados por medios como El Debate, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha concedido la nacionalidad española a más de 313.000 descendientes de exiliados desde la entrada en vigor de la ley en 2022. La mayoría residen en Argentina, Cuba y México, y podrán votar en las próximas elecciones generales.
El PSOE desembarca en Argentina y Uruguay
Consciente de este potencial, el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha viajado a Argentina y Uruguay, los epicentros del fenómeno. En Buenos Aires y Montevideo, Besteiro no solo se ha reunido con la militancia, sino que ha reivindicado la ley como un acto de justicia histórica, en un claro intento de vincular la obtención de la nacionalidad con el agradecimiento al Partido Socialista.
«Lo grandioso de esta ley es que confiere derechos», afirmó Besteiro en Uruguay, criticando la postura de Feijóo de que «para tener el pasaporte hay que merecerlo». Según defendió ante el periódico España Exterior, la ley «repara una deuda que teníamos con el mundo de la emigración».
El BNG, socio de Sánchez, hace lo propio en Cuba
En paralelo, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, socio clave del Gobierno de Sánchez, se ha desplazado a Cuba, otro de los países con mayor número de nacionalizaciones. En el Centro Gallego de La Habana, Miranda ha desplegado un discurso similar, apelando a los lazos históricos y a la «deuda» de Galicia con sus descendientes, posicionando a su formación como la defensora de los intereses de esta nueva comunidad de votantes.
Miranda llegó a exigir que «Galicia tenga una delegación exterior en Cuba», buscando reforzar la presencia institucional y, por ende, política, en un territorio que se ha convertido en una inesperada reserva de votos para la izquierda y el nacionalismo.
Mientras la justicia española pone en tela de juicio la legalidad de la ‘Ley de Nietos’, el PSOE y sus socios ya están en plena campaña electoral en el extranjero. Tratan a los nuevos nacionalizados no como ciudadanos con derechos, sino como un electorado cautivo al que se le recuerda constantemente a quién deben su pasaporte. Una estrategia que pervierte el sentido de la nacionalidad, convirtiéndola en una herramienta para la supervivencia política del Gobierno.