El cerco judicial sobre el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez se estrecha. El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha dado un paso crucial al abrir diligencias previas contra Sofía Puente, hermana del polémico ministro de Transportes, Óscar Puente. La investigación se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘Ley de Nietos’.
Una Instrucción Bajo Sospecha
La querella, interpuesta por la asociación Hazte Oír, sitúa a Sofía Puente en el centro de la polémica por su actuación como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia en 2022. Se le acusa de dictar una instrucción presuntamente «falaz» para interpretar la ley, facilitando la obtención de la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil. Lo que el Gobierno vendió como un acto de «reparación histórica» es visto por los querellantes como una posible maniobra para alterar el censo electoral.
¿Qué significa este paso?
La apertura de diligencias previas es el primer trámite formal en una investigación penal. La jueza Inmaculada Lova Ruiz no afirma que haya delito, pero considera que la querella tiene la entidad suficiente para ser investigada. Al dar traslado a la Fiscalía, solicita su opinión sobre si debe admitirse a trámite y qué diligencias practicar. Este informe del fiscal, aunque no es vinculante, será clave. El delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
La decisión de la magistrada se formaliza en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, donde se expone con claridad el procedimiento a seguir.
«Examinadas la querella y ampliación de la misma presentadas por la representación de la ASOCIACIÓN HAZTEOÍR.ORG, frente a SOFÍA PUENTE SANTIAGO, dese traslado de las mismas al Ministerio Fiscal, para que emita informe sobre su admisión y diligencias a practicar, y con su resultado se acordará lo procedente».
– Providencia del Juzgado de Instrucción Nº 35 de Madrid.
La Sombra de la Ingeniería Electoral
La acusación va más allá de una simple irregularidad administrativa. Apunta directamente a una presunta intencionalidad política: la captación masiva de nuevos votantes afines al Gobierno a través de la nacionalización exprés. La instrucción de Sofía Puente habría sido, según la querella, la herramienta para sortear los requisitos legales y abrir la puerta a un número ingente de nuevos ciudadanos.
Un Impacto Demográfico Innegable
Mientras el Gobierno defiende la ley como un acto de justicia, los datos revelan una avalancha de solicitudes. La norma ha provocado un colapso en los consulados, especialmente en Iberoamérica, y ha abierto la puerta a cientos de miles de nuevas nacionalidades con un impacto directo en el censo electoral.
Más de 300.000 Solicitudes
Según datos consulares reportados por medios como El Debate, a principios de 2024 ya se habían registrado más de 250.000 solicitudes de nacionalidad bajo esta ley, con una tasa de aprobación altísima. Las proyecciones elevan la cifra potencial a más de medio millón de nuevos ciudadanos.
Un Banquillo de Ministros en el Horizonte
La querella no se detiene en la hermana del ministro. La ampliación de la misma solicita una batería de diligencias que apuntan al corazón del Ejecutivo. Se pide la declaración como testigos de figuras de máximo nivel, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones:
- ›Pilar Llop: Ministra de Justicia cuando se aprobó la ley.
- ›Félix Bolaños: Su sucesor en el cargo y actual superministro.
- ›José Manuel Albares: Ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la red consular.
- ›Ángel Víctor Torres: Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Este movimiento judicial, aunque incipiente, añade más presión a un Gobierno acosado por múltiples frentes judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente. La decisión que adopte la Fiscalía será determinante para el futuro de un caso que cuestiona la limpieza de los procedimientos del Estado y la separación de intereses partidistas y función pública.