El terrible caso de una niña de 12 años violada y prostituida bajo la tutela de la Generalitat no fue un fallo aislado, sino la punta del iceberg de uno de los mayores escándalos de corrupción moral y política en Cataluña. Lo que siguió fue una comisión de investigación parlamentaria que, lejos de depurar responsabilidades, ha servido para que socialistas y republicanos sellen un pacto de silencio, blanqueando una década de descontrol, negligencia y desvíos millonarios.
La Coartada Oficial: Un ‘Sistema Tensionado’ sin Culpables
Tras meses de trabajos, la comisión de investigación ha concluido con una narrativa exculpatoria defendida a capa y espada por PSC y ERC. Según su dictamen, el colapso del sistema entre 2011 y 2024 se debió a un «aumento espectacular» de menores a cargo, a las «dificultades institucionales» del Procés y a una simple falta de rigor en los contratos. La solución, según ellos, es un mero cambio de nombre del organismo responsable —la DGAIA ahora se llama Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia— y promesas de mayor control. Un insulto a la inteligencia y a las víctimas.
El Defensor del Descontrol: Las Justificaciones de un Consejero Imputado
El encargado de defender esta vergonzosa conclusión por parte de ERC ha sido Joan Ignasi Elena, exconsejero de Interior. Su elección como portavoz es, en sí misma, una declaración de intenciones.
Apunte Jurídico: Joan Ignasi Elena, un tránsfuga del PSC al independentismo, se encuentra actualmente investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la presunta adjudicación irregular de contratos a dedo cuando lideraba una consultora. Es el perfil elegido por ERC para justificar el descontrol en la protección de menores.
Elena justificó el caos aludiendo al Procés y al aumento de menores no acompañados, para luego minimizar el escándalo financiero con un descaro inaudito:
«De los 167 millones de los que se habla (…) no son de la DGAIA; son de todo el sistema de protección. Y es en relación con 10.000 millones de prestaciones; de 10.000 millones, 167 son pagos indebidos. Y de éstos, 167, 9 –9– no han sido devueltos; 9 de 167».
La portavoz del PP, Lorena Roldán, no tardó en replicar a esta miserable justificación:
«Decía aquí el señor Elena que, bueno, que es que son 167 milloncitos de nada, parecía usted que decía. ¿Qué pasa, que si se roba poquito no importa tanto?»
La Oposición Desmonta la Farsa: ‘Corrupción Institucional Continuada’
Frente al relato oficialista, la oposición ha sido unánime al denunciar una trama de corrupción sistémica y negligencia grave. Las cifras, silenciadas por el dictamen de PSC y ERC, son demoledoras.
LAS CIFRAS DEL ESCÁNDALO
- > 114 millones de euros adjudicados a dedo mediante 292 contratos de emergencia entre 2017 y 2020.
- 167 millones de euros en pagos indebidos certificados por la Sindicatura de Cuentas.
- Existencia de «plazas fantasma» detectadas por la Oficina Antifraude, cobrando por menores que no existían.
- Fundaciones afines al poder político que han operado sin concurrencia, sin control y sin fiscalización durante años.
María Elisa García Fuster, de Vox, calificó el dictamen como «un monumento a la autocomplacencia» y una «coartada» para no pronunciar el término correcto: «corrupción institucional continuada». Acusó a un «tercer sector secuestrado por fundaciones afines al poder» de convertir la protección infantil en un negocio.
En la misma línea, la diputada de la CUP, Maria Pilar Castillejo, denunció que «PSC y ERC han convertido la protección de los niños en un negocio. Un negocio que necesita clientes para mantener sus beneficios».
Lorena Roldán (PP) también señaló la sospechosa dimisión de la consejera responsable, Mònica Martínez Bravo, justo el día del debate y «por la puerta de atrás», aprovechando la celebración de la victoria de la selección española de fútbol para pasar desapercibida.
El Broche Final del PSC: Diluir la Responsabilidad
La guinda del pacto de silencio la puso la diputada del PSC Mónica Ríos García, quien, en un intento de proteger a sus socios de ERC y a los gobiernos anteriores, sentenció que las irregularidades no pueden explicarse con «relatos simplistas ni culpables únicos».
La Realidad: La estrategia es clara. Al negar la existencia de «culpables únicos», se diluye la responsabilidad directa de los gestores políticos de ERC, Junts y PSC que durante más de una década permitieron, por acción u omisión, el saqueo de fondos públicos y la desprotección de los menores más vulnerables de Cataluña. No es un «relato simplista», es una crónica de negligencia y corrupción.
Así, el Parlament catalán cierra en falso una de sus páginas más negras. En lugar de justicia para las víctimas y castigo para los culpables, ofrece un pacto de impunidad que garantiza que el entramado clientelar que se ha lucrado con el sufrimiento infantil siga intacto.