La instrumentalización de la tragedia con fines partidistas revela una degradación institucional que trasciende la propia catástrofe. La precipitación del ministro Óscar Puente al censurar la gestión de la Junta de Andalucía en el incendio de Los Gallardos, sin comprender la naturaleza de las herramientas de emergencia, no es solo una imprudencia, sino un síntoma alarmante del uso del aparato del Estado como plataforma para el ataque político, incluso cuando el luto y la urgencia exigen mesura y colaboración.
La respuesta del consejero Antonio Sanz, “el que habla no tiene ni idea”, aunque contundente, es ante todo una defensa de la racionalidad técnica frente a la demagogia. El sistema ES-Alert, una herramienta de difusión masiva por diseño, carece de la granularidad necesaria para gestionar una emergencia compleja en un territorio reducido y heterogéneo. Como bien explicó Sanz, su activación indiscriminada habría enviado una orden de evacuación a ciudadanos cuya supervivencia dependía, precisamente, del confinamiento. Este dilema no es trivial; es la esencia de la gestión de crisis, donde una solución universal puede convertirse en un acelerador del desastre.
El Deber de Saber antes de Hablar
La crítica de Puente ignora un principio fundamental de la buena gobernanza: la competencia. Un ministro de la nación tiene la obligación de conocer el funcionamiento de los instrumentos del Estado antes de emitir juicios públicos, especialmente cuando estos pueden socavar la confianza en los equipos de emergencia que operan sobre el terreno. La explicación de Sanz no es una excusa a posteriori, sino la exposición de una limitación técnica inherente al sistema. Pretender que se aplique un protocolo de forma ciega, ignorando sus potenciales consecuencias negativas, es la definición misma de la negligencia que se pretende denunciar.
La analogía de Bastiat es aquí perfectamente aplicable. El ministro se aferra a lo “visible” —no se pulsó un botón—, mientras que los técnicos en el terreno, con Sanz como portavoz, tuvieron que sopesar las consecuencias “invisibles” y previsibles de esa acción: pánico, rutas de evacuación colapsadas y ciudadanos saliendo de sus refugios seguros hacia el peligro. La decisión de la Junta, respaldada por los informes de la dirección de la emergencia, se fundamentó en el principio de prudencia y en la confianza en los avisos personalizados que ya estaban realizando la Guardia Civil y la Policía Local, un método más lento pero infinitamente más preciso y seguro en ese contexto.
Finalmente, este episodio deja una reflexión amarga sobre la salud de nuestro debate público. La búsqueda de un rédito político inmediato a costa de la verdad técnica y la lealtad institucional en momentos de máxima vulnerabilidad social es un veneno que corroe los cimientos de la confianza ciudadana. La tragedia de Los Gallardos no solo se mide en hectáreas quemadas y vidas perdidas, sino también en la evidencia de que, para algunos, ni siquiera el dolor ajeno es un límite para la contienda partidista.